Exempleada del local de pastelería en Etcheverría radicó acción judicial por hostigamiento laboral y deuda salarial de 50 millones de pesos. Las partes acordaron un pago conciliatorio sin admisión de hechos.
Exempleada del local de pastelería en Etcheverría radicó acción judicial por hostigamiento laboral y deuda salarial de 50 millones de pesos. Las partes acordaron un pago conciliatorio sin admisión de hechos.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 47 homologó un acuerdo transaccional entre el ingeniero agrónomo Bernardo Solá y una antigua trabajadora de la cadena de pastelerías de su esposa.
La demandante, identificada en el expediente como Lourdes Bouchet, inició acciones legales por deudas salariales, hostigamiento y acoso laboral. Según el documento judicial, las conductas atribuidas al empleador generaron un entorno de trabajo hostil que derivó en la instancia jurídica.
La denuncia detalló que Solá observaba de manera insistente partes específicas del cuerpo de la empleada y de otras trabajadoras del local ubicado en Etcheverría.
El texto presentado ante la Justicia indicó que estas acciones incomodaron a la mujer al punto de obligarla a modificar su apariencia personal y rutina de maquillaje para intentar disuadir el hostigamiento. Ante la exposición del caso, las partes optaron por una salida conciliatoria para interrumpir el litigio.
Los abogados de la familia Solá aceptaron el pago de una suma total de 50 millones de pesos, aunque el desembolso se efectuó bajo la figura legal de “sin reconocer los hechos ni el derecho”.
El cronograma de cancelación comenzó el pasado 9 de diciembre con un pago inicial de 22 millones de pesos. El saldo restante se saldará mediante cuotas mensuales en moneda extranjera hasta completar el monto total exigido por la actora.
Paralelamente al conflicto judicial, la cocinera Maru Botana mantuvo su actividad mediática y participó recientemente como jurado invitada en un programa de televisión.
Durante sus últimas declaraciones públicas, la empresaria evitó referirse a la situación legal de su marido, con quien está casada hace 28 años y comparte la crianza de sus siete hijos convivientes. La profesional se centró en desmentir rumores sobre su vida privada y en destacar su postura de evitar conflictos en el ámbito mediático.
El levantamiento del embargo sobre los bienes de los demandados quedó supeditado al cumplimiento efectivo de los pagos acordados.
Esta resolución judicial pone de manifiesto la relevancia de los protocolos de conducta en los ámbitos de trabajo y las consecuencias económicas de las denuncias por trato indebido.
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