A 5 años del aborto legal: la vigencia de un derecho frente al ajuste presupuestario

Al cumplirse cinco años de la Ley 27.610, organizaciones sociales denuncian que el desfinanciamiento y la falta de insumos críticos amenazan el acceso al aborto legal en todo el país. Este aniversario llega marcado por la resistencia de los colectivos feministas ante el ajuste fiscal y el discurso oficial que busca revertir la normativa.

Este 30 de diciembre de 2025 se cumplen cinco años de la histórica sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina. El aniversario se celebra en un contexto de fuerte tensión política, donde las organizaciones feministas y sociales advierten sobre el vaciamiento de las políticas públicas y las crecientes barreras de acceso derivadas del actual rumbo económico y la denominada batalla cultural oficial.

Desde su legalización en 2020, más de 314.000 personas accedieron a procedimientos seguros en el sistema de salud, logrando una reducción histórica de la mortalidad materna. Sin embargo, el escenario actual muestra un retroceso presupuestario crítico, ya que la ejecución de fondos nacionales para salud sexual representó en 2025 apenas una quinta parte de lo invertido hace dos años.

La gestión del gobierno de Javier Milei ha impactado directamente en la implementación de la normativa a través de la falta de provisión de insumos esenciales como el misoprostol y la mifepristona. Al mismo tiempo, las proyecciones presupuestarias para 2026 prevén una caída significativa en la cobertura de métodos anticonceptivos, lo que traslada la carga financiera y logística a las provincias y profundiza las desigualdades regionales.

Ante este panorama, el movimiento feminista y sectores de la salud resisten mediante redes de acompañamiento y jornadas de movilización en todo el país. El reclamo central de este aniversario sostiene que el acceso al aborto legal no es solo una cuestión de derechos adquiridos, sino un pilar fundamental de la salud pública que hoy se encuentra amenazado por el ajuste fiscal y la objeción de conciencia institucional.

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