La Casa Rosada prepara una reforma integral del Sistema de Inteligencia que incluye el cambio de nombre de agencias clave, la eliminación de la dirección militar y el auxilio logístico de fuerzas federales.
La Casa Rosada prepara una reforma integral del Sistema de Inteligencia que incluye el cambio de nombre de agencias clave, la eliminación de la dirección militar y el auxilio logístico de fuerzas federales.
En un movimiento que promete reconfigurar el tablero de la seguridad nacional y encender el debate en el Congreso, el Gobierno Nacional oficializará en las próximas horas una profunda reforma del Sistema de Inteligencia Nacional.
A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Ejecutivo otorgará facultades extraordinarias a la SIDE, bajo la conducción de Cristian Auguadra, marcando un quiebre en la operatividad de los agentes de inteligencia en el país.
El núcleo de la reforma, según el texto al que tuvo acceso Noticias Argentinas, radica en el carácter restrictivo de la información.
El artículo 2 establece que todas las actividades de inteligencia serán encubiertas con el fin de “minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. Esta opacidad reglamentaria busca, según fuentes oficiales, proteger la sensibilidad de las operaciones frente a las “amenazas contemporáneas”.
Sin embargo, el punto más controversial se encuentra en el artículo 19. La normativa habilita a los agentes a proceder a la aprehensión de personas en situaciones de flagrancia o bajo requerimiento judicial.
Aunque el texto aclara que se debe dar aviso inmediato a las fuerzas policiales, la medida ha sido interpretada por críticos como una peligrosa incursión de los servicios de inteligencia en tareas de seguridad interior y funciones policiales.
La reforma no solo amplía facultades, sino que rediseña el organigrama estatal. Los cambios principales incluyen:
La Agencia de Seguridad Nacional se transforma en la Agencia Nacional de Contrainteligencia.
Se crea la Agencia Federal de Ciberinteligencia, separando sus funciones de la ciberseguridad, que ahora dependerá de la Jefatura de Gabinete.
La División de Asuntos Internos pasará a llamarse Inspectoría General de Inteligencia.
Desde la Casa Rosada defienden la medida asegurando que se busca “modernizar, ordenar y legitimar” el sistema, separando la investigación criminal de la producción de inteligencia estratégica para la toma de decisiones presidenciales.
La respuesta de la oposición no se hizo esperar. El diputado Esteban Paulón fue tajante al señalar que el Congreso tiene la “obligación moral y legal” de rechazar el decreto. “La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie”, afirmó.
El DNU deberá ser enviado a la Comisión Permanente de Trámite Legislativo en un plazo de diez días hábiles. Si ambas cámaras del Congreso lo rechazan por mayoría, la reforma quedará sin efecto, dejando al Gobierno en una encrucijada política sobre el futuro del espionaje y la seguridad en Argentina.
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