El Gobierno promulgó el Presupuesto 2026, proyectando superávit financiero y prioridad en gasto social. Asimismo, oficializó la Ley de Inocencia Fiscal, que eleva los montos mínimos para delitos de evasión y reduce plazos de prescripción para aliviar la carga sobre contribuyentes.
A través de la primera edición del Boletín Oficial de este viernes, la administración nacional puso en vigencia el plan de gastos y recursos para el presente ejercicio tras su reciente ratificación en el Congreso. El nuevo marco normativo, que contó con el respaldo de bloques aliados para superar el rechazo de la oposición, establece una proyección de equilibrio fiscal inédita, estimando un excedente financiero cercano a los $226.469 millones. El diseño de las erogaciones estatales muestra una fuerte prioridad en la asistencia social, área que absorberá la mayor parte de las partidas, mientras que se imponen límites estrictos a la expansión de la planta de empleados públicos, exceptuando únicamente a las carteras de seguridad, salud y fuerzas armadas.
Dentro del desglose presupuestario, se destinan cifras billonarias al sostenimiento de la educación superior y a programas gestionados por el Ministerio de Capital Humano, además de partidas específicas para la preservación de recursos forestales. El documento establece que, de un total de gastos que ronda los $148.000 millones, el pago de compromisos de deuda y la inversión en servicios económicos ocuparán el segundo y tercer escalafón de importancia. Este esquema busca consolidar la estabilidad macroeconómica mediante el control del déficit, un eje central de la gestión presidencial actual.
Simultáneamente, el Gobierno sancionó la denominada Ley de Inocencia Fiscal, la cual introduce cambios estructurales en el Régimen Penal Tributario para adaptar los montos punibles a la realidad monetaria vigente. La reforma eleva significativamente los umbrales para considerar una maniobra como evasión simple o agravada, llevando el piso mínimo de 1,5 a 100 millones de pesos. Asimismo, se actualizan los valores que obligan a entidades bancarias y escribanías a reportar movimientos ante el organismo recaudador, simplificando la carga administrativa para pequeños y medianos contribuyentes.
Un aspecto destacado de esta nueva legislación es la creación de mecanismos para evitar la instancia penal mediante el pago de obligaciones pendientes. El ente recaudador (ARCA) no iniciará acciones legales si se regulariza la deuda con sus respectivos intereses, e incluso se contempla la extinción de causas en curso bajo condiciones específicas de cancelación. Por último, la normativa reduce los tiempos de prescripción impositiva a tres años y establece un régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias destinado a sujetos con ingresos y patrimonios que no califiquen dentro de la categoría de grandes contribuyentes, buscando reducir la litigiosidad y fomentar el cumplimiento voluntario.
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