El Gobierno oficializó aumentos para ministros y secretarios, excluyendo a Milei y Villarruel. La medida, que rompe el congelamiento de 2023, incluye una cláusula que suspende automáticamente los haberes si se pierde el superávit fiscal, vinculando los sueldos al equilibrio financiero.
A través del Decreto 931/2025, el Gobierno oficializó una recomposición en los haberes de los cargos políticos superiores, rompiendo un congelamiento que se mantenía vigente desde finales de 2023. La normativa establece que los ministros, secretarios y subsecretarios comenzarán a percibir los incrementos acumulados que fueron pactados previamente en las paritarias de la administración pública nacional. No obstante, el texto legal aclara explícitamente que esta actualización excluye al Presidente y a la Vicepresidente de la Nación, quienes mantendrán sus remuneraciones actuales sin modificaciones.
Esta medida se fundamenta en la estabilización de los indicadores macroeconómicos y la consolidación de casi dos años de excedente en las cuentas públicas. Según los considerandos de la norma, la superación de la fase más crítica de la emergencia económica permite ahora avanzar en una profesionalización del empleo público que valore la responsabilidad de las funciones. En este sentido, la Secretaría de Transformación del Estado ha sido instruida para diseñar un sistema basado en el mérito y la evaluación de desempeño, buscando que la jerarquía estatal sea competitiva y transparente.
Un aspecto central del decreto es la implementación de un mecanismo de seguridad fiscal automático. El Ministerio de Economía posee ahora la potestad de suspender cualquier aumento y congelar los sueldos de los altos funcionarios de forma inmediata si se detectara la vuelta al déficit financiero. Esta cláusula de “pleno derecho” elimina la necesidad de nuevas gestiones administrativas, vinculando la percepción de los sueldos políticos directamente a la salud de las arcas estatales y garantizando que el sector político sea el primero en absorber cualquier desequilibrio presupuestario futuro.
Finalmente, el Gobierno extendió una invitación formal a las autoridades de los otros dos poderes del Estado, así como a los mandatarios provinciales y municipales, para que adopten esquemas de austeridad similares en sus respectivas jurisdicciones. Al derogar las restricciones previas que impedían el ajuste de estas partidas, el Ejecutivo argumenta que el esfuerzo social realizado durante el último bienio ha rendido frutos, permitiendo normalizar la situación de los cuadros técnicos y políticos que lideran la gestión nacional bajo criterios de estricta responsabilidad fiscal.
El Gobierno designó al abogado laboralista de empresas Ramiro Cherñetz en la Dirección de Asociaciones Sindicales, área que controla personerías y elecciones. La CGT tildó el nombramiento de provocación en medio de tensiones por el reconocimiento de autoridades gremiales.
A 15 años del crimen de las turistas francesas en Salta, la causa se reabrió para revisar irregularidades judiciales. Con peritajes genéticos en Argentina y Francia, la fiscalía busca identificar a todos los responsables del doble femicidio.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el pago del recargo del 50 % para extinguir acciones penales tributarias. El mecanismo exige generar un volante electrónico por impuesto para acreditar el desembolso ante la Justicia.
La UBA desmintió al Gobierno nacional y aclaró que los alumnos extranjeros representan solo el 24 % de la matrícula en Medicina. Además, precisó que la gran mayoría posee residencia permanente y tributa impuestos en la Argentina.
El exfuncionario de la AFIP, Juan Carlos Santos, declaró finalmente en el juicio de la causa Cuadernos. Su testimonio ante el TOF 7 reencauzó el proceso tras subsanarse un insólito error judicial que citó previamente a un homónimo.
El despido de 64 trabajadores del Hospital Posadas sumó más de 200 cesantías bajo la gestión actual. Los gremios de la salud se declararon en alerta, convocaron asambleas y exigieron la reincorporación inmediata para evitar el colapso operativo.
Una senadora solicitó a la ANAC informes por las masivas cancelaciones y demoras de Flybondi. La legisladora denunció un drástico desplome en el cumplimiento de los vuelos programados, exigiendo explicaciones sobre sanciones, flota operativa y asistencia a los pasajeros.
Cientos de opositores marcharon en Caracas para exigir elecciones presidenciales y el retorno de María Corina Machado. La protesta ocurre antes del inicio del diálogo entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la oposición supervisado por Estados Unidos.
