El Gobierno nacional publicó el decreto 5.200 que ordena capturar a quienes apoyen la incursión de Estados Unidos. La medida militariza industrias básicas y permite la restricción de derechos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado.
El Gobierno nacional publicó el decreto 5.200 que ordena capturar a quienes apoyen la incursión de Estados Unidos. La medida militariza industrias básicas y permite la restricción de derechos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado.
La administración de Venezuela formalizó este lunes la entrada en vigencia del Decreto de Estado de Conmoción Exterior, una medida excepcional que otorga facultades extraordinarias a los cuerpos de seguridad. El documento, publicado en la Gaceta Oficial N.º 6.954, autoriza la búsqueda y detención inmediata de ciudadanos que el sistema de justicia considere vinculados a la promoción o respaldo de la reciente operación armada estadounidense en territorio venezolano.
El instrumento legal establece un marco de acción de 90 días, prorrogables por un periodo idéntico. Según el artículo 5°, las policías nacionales, estadales y municipales tienen la instrucción de poner a la orden del Ministerio Público a cualquier persona señalada por colaborar con la agresión extranjera. El texto legal lleva la firma de Nicolás Maduro, quien suscribió la intención del decreto semanas antes de su captura, y cuenta con el refrendo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Más allá de las medidas de orden público, el decreto ordena la militarización de sectores estratégicos. La infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y las empresas básicas del Estado pasaron a control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Bajo este régimen, el personal operativo de dichas áreas queda sometido temporalmente a la jurisdicción y normativa militar, eliminando la distinción entre funciones civiles y de defensa en sectores clave de la economía.
Asimismo, la normativa faculta al Ejecutivo para ejecutar la requisición de bienes privados necesarios para la defensa nacional y autoriza el cierre de fronteras. El derecho a la reunión y la manifestación pública quedó suspendido, mientras que el libre tránsito de personas y vehículos podrá ser restringido según el criterio de las autoridades competentes para restablecer la normalidad.
La implementación de la medida coincidió con el arresto de trabajadores de la prensa en las cercanías de la Asamblea Nacional este lunes. Aunque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que tres reporteros fueron liberados, el suceso generó cuestionamientos sobre la interpretación del decreto.
Sectores de la sociedad civil advirtieron que la amplitud del texto legal podría utilizarse para criminalizar la labor informativa o las voces críticas bajo el argumento de seguridad nacional.
Esta escalada institucional ocurre mientras figuras de la oposición, como Edmundo González, sostienen que la solución a la crisis en Venezuela pasa por la liberación de los presos políticos.
González reiteró que el reconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio de 2024 es el paso necesario para la normalización del país, contrastando con el endurecimiento del marco legal que ahora permite detenciones preventivas de mayor alcance.
La activación de esta figura jurídica, inédita desde la aprobación de la Constitución de 1999, abre un interrogante sobre el equilibrio entre la protección de la soberanía y la vigencia de las garantías individuales.
Con el control del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional en manos del oficialismo, queda por verse qué mecanismos de control real existirán para limitar la discrecionalidad en la aplicación de las capturas y la suspensión de derechos ciudadanos.
El gobernador de Mendoza advirtió sobre un crecimiento asimétrico y la necesidad de brindar certezas políticas que excedan el marco del RIGI para atraer inversiones reales.
Con 8 de cada 10 hogares conviviendo con perros o gatos, los planes de salud prepagos emergen como una alternativa para evitar que los imprevistos veterinarios desequilibren las finanzas familiares.
Con un stock de más de 8 millones de dosis y un inicio anticipado de tres semanas, el Ministerio de Salud de la Nación busca mitigar el impacto de la nueva variante de influenza en los grupos de riesgo.
El ministro de Defensa, Israel Katz, señáló que “solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida”.
El Departamento de Justicia estadounidense presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones, calificando las medidas de prueba solicitadas como “excesivamente intrusivas” contra un Estado soberano.
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