Caza de jerarcas: el Estado de Excepción pone precio a la cúpula chavista

La implementación del Estado de Excepción en Venezuela ha marcado el inicio de una fase de “limpieza institucional” sin precedentes en la región. Esta medida, que suspende temporalmente garantías individuales para facilitar la captura de los remanentes del régimen, pone el foco sobre figuras clave del esquema de seguridad y finanzas que sostuvieron el poder durante la última década. El decreto no solo busca la neutralización política, sino la desarticulación de una red que el Departamento de Justicia de EE.UU. describe como una corporación criminal enquistada en el Estado.

Entre las personas que pueden ser detenidas bajo este nuevo marco jurídico se encuentran miembros del Alto Mando Militar y jefes de las Regiones de Defensa Integral (REDI) que no hayan desconocido públicamente la autoridad de Maduro. La normativa es clara: cualquier funcionario que haya participado en la cadena de mando de la represión o en la gestión de fondos ilícitos pierde su inmunidad. Los ojos están puestos sobre los principales operadores del Sebin y la Dgcim, organismos señalados por Naciones Unidas como centros de tortura sistemática, cuyos directivos encabezan las órdenes de captura internacional.

La reflexión obligatoria ante este escenario es si el Estado de Excepción servirá para la pacificación o si profundizará la fractura social. Al facultar a fuerzas especiales para realizar allanamientos sin orden judicial previa en casos de seguridad nacional, el riesgo de arbitrariedades se eleva. Sin embargo, para los sectores de la oposición y la justicia internacional, se trata de un “mal necesario” para evitar que los jerarcas del régimen logren financiar una insurgencia armada desde la clandestinidad con el oro y las divisas extraídas del erario público.

El listado de personas señaladas incluye también a los denominados “testaferros del poder”, empresarios que bajo el manto de contratos estatales facilitaron el lavado de activos. La estrategia es asfixiar financieramente a quienes podrían sostener la logística de los colectivos armados. En los pasillos diplomáticos de Washington, se celebra esta medida como el paso final para una transición sin retorno, aunque se advierte que la cacería de brujas no debe sustituir al debido proceso si se busca construir una democracia legítima sobre las cenizas del chavismo.

Mientras las tanquetas patrullan las avenidas de Caracas, la población observa con una mezcla de esperanza y pánico. La vigencia de este estado excepcional es un recordatorio de que la caída de un líder no es el fin del sistema, sino el inicio de una compleja desmantelación. La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo podrá sostenerse este régimen de excepción antes de que la presión por normalizar la vida civil comience a erosionar la legitimidad de las nuevas autoridades.