El edil de Olegario V. Andrade fue denunciado por ofrecer un terreno a dos adolescentes a cambio de una salida. El cuerpo deliberativo lo apartó de su cargo mientras la justicia investiga el hecho ocurrido el pasado sábado.
El edil de Olegario V. Andrade fue denunciado por ofrecer un terreno a dos adolescentes a cambio de una salida. El cuerpo deliberativo lo apartó de su cargo mientras la justicia investiga el hecho ocurrido el pasado sábado.
El Concejo Deliberante de la localidad de Olegario Víctor Andrade resolvió suspender por un plazo de tres meses a Raúl K., integrante de dicho cuerpo. La decisión institucional se produjo tras la radicación de una denuncia penal por hostigamiento y acoso sexual contra dos hermanas de 14 y 16 años.
De acuerdo con las actuaciones policiales registradas en la Unidad Regional VI, el episodio tuvo lugar el pasado 3 de enero, alrededor de las 11:30. Las adolescentes caminaban hacia su domicilio cuando fueron abordadas en la vía pública por el funcionario. Según el testimonio de las víctimas, el hombre comenzó con comentarios personales sobre su apariencia para luego invitarlas a tomar un helado en una localidad cercana.
La situación escaló cuando la mayor de las jóvenes manifestó que debía solicitar autorización a sus padres. Ante la resistencia, el funcionario habría insistido ofreciendo la entrega de un terreno a cambio de concretar el encuentro. Sergio, padre de las menores, sostuvo que el acusado utilizó su cargo público para amedrentar e intentar seducir a las adolescentes.
La familia relató que no se trataría de un evento aislado, sino de una conducta recurrente de persecución. A raíz de este suceso, las jóvenes se encuentran bajo tratamiento psicológico privado y han restringido sus salidas del hogar por temor. En el acta policial se dejó constancia de que no hubo testigos presenciales al momento del contacto en la calle.
A pesar de la gravedad de la acusación, la familia denunciante manifestó su disconformidad con las medidas de protección vigentes. Actualmente, solo rige una restricción perimetral de 300 metros firmada por la policía local, la cual carecería de la validación del juzgado interviniente. Los padres criticaron la efectividad de esta distancia en una comunidad pequeña, donde el contacto visual o físico es frecuente.
El caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Leandro N. Alem. Por su parte, el concejal suspendido evitó dar declaraciones públicas sobre el contenido de la denuncia. A través de breves comunicaciones, indicó que el proceso se encuentra bajo reserva sumaria y que su defensa técnica aguarda el acceso formal al expediente para presentar su descargo.
La resolución de este conflicto administrativo y judicial pone a prueba la capacidad de las instituciones locales para gestionar denuncias contra funcionarios públicos. Resta determinar si el sistema de protección a menores en el interior provincial cuenta con la celeridad necesaria para dar respuesta a la demanda de seguridad de los ciudadanos.
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