En un paso decisivo hacia la desestatización, la Casa Rosada abrió canales de negociación con inversores privados para el traspaso de una parte del paquete accionario de la línea de bandera.
En un paso decisivo hacia la desestatización, la Casa Rosada abrió canales de negociación con inversores privados para el traspaso de una parte del paquete accionario de la línea de bandera.

La administración de Javier Milei ha puesto en marcha la maquinaria diplomática y financiera para cumplir con una de sus promesas centrales de campaña: la salida del Estado de la gestión comercial de Aerolíneas Argentinas. Según confirmaron fuentes oficiales este jueves, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte han iniciado conversaciones preliminares con grupos empresarios interesados en adquirir una participación en la compañía. Esta movida busca no solo oxigenar las cuentas públicas, eliminando los millonarios subsidios que la empresa requiere anualmente, sino también forzar una reestructuración profunda del modelo de negocios aéreo en el país.
El proceso se enmarca en la política de “cielos abiertos” que el Ejecutivo viene impulsando desde el inicio de su gestión. Para el público mayor de 30 años, que ha visto pasar múltiples gestiones sobre la aerolínea, el anuncio genera una mezcla de incertidumbre y expectativa por el impacto en la conectividad nacional. El Gobierno sostiene que la entrada de capitales privados es la única vía para garantizar la sustentabilidad de la empresa en un mercado cada vez más competitivo. Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos: las negociaciones se dan en un clima de máxima tensión gremial, con sindicatos que ya han manifestado su rechazo frontal a cualquier intento de privatización o fragmentación de la compañía.
Uno de los puntos clave de la negociación es el estado de la flota y la productividad de las rutas. Los potenciales compradores analizan con lupa los costos operativos y los convenios colectivos de trabajo, que son señalados por el oficialismo como el principal lastre para la rentabilidad. En los despachos oficiales se baraja la posibilidad de una venta parcial que permita al Estado mantener una presencia testimonial, o bien un traspaso total de las acciones a cambio de compromisos de inversión y mantenimiento de las fuentes de trabajo, aunque bajo un nuevo paradigma de eficiencia privada.
El momento elegido para iniciar estas gestiones no es casual. Coincide con una mejora en los indicadores de riesgo país y una mayor sintonía con organismos internacionales, lo que facilita el acercamiento de holdings internacionales y operadores regionales. Desde el Gobierno confían en que el interés de empresas de primera línea validará el rumbo económico y enviará un mensaje de ordenamiento en el sector público. No obstante, la viabilidad de la venta dependerá en gran medida de la paz social en los aeropuertos y de la capacidad de la gestión oficial para neutralizar las medidas de fuerza que podrían afectar la valuación de la empresa.
La privatización de Aerolíneas Argentinas se perfila como la “madre de todas las batallas” en el programa de reformas del Estado. Para la administración libertaria, se trata de una cuestión simbólica y económica que marcará un antes y un después en la relación entre el gasto público y los servicios de transporte. Mientras las conversaciones avanzan bajo estricta confidencialidad, el mercado aerocomercial observa con atención: el destino de la línea de bandera definirá el mapa de la conectividad federal para las próximas décadas.
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