La Cámara Federal porteña instruyó al juez Sebastián Ramos a resolver el pedido de extradición del exmandatario venezolano, quien permanece detenido en Estados Unidos. La causa investiga presuntos delitos de lesa humanidad bajo el principio de jurisdicción universal.
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que el magistrado a cargo de la investigación por violaciones a los derechos humanos en Venezuela debe pronunciarse de manera inmediata sobre la extradición de Nicolás Maduro.
El Tribunal de Apelaciones consideró que ya no existen impedimentos procesales para que el Juzgado Federal 6 emita una respuesta sustancial a los planteos de la fiscalía y la querella.
El magistrado Sebastián Ramos había postergado esta decisión anteriormente mediante la figura de “téngase presente”. El juez fundamentó aquella resolución en que todavía se encontraba pendiente un planteo de nulidad presentado por la defensa de Justo José Noguera Pietri, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana.
No obstante, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ratificaron la vigencia del principio de jurisdicción universal el pasado 7 de enero, lo que despejó el camino legal para avanzar en el proceso contra el dirigente venezolano.
La solicitud de extradición activa fue impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli y el abogado querellante Tomás Farini Duggan. Los acusadores sostienen que el exmandatario debe ser sometido al proceso penal en Argentina para prestar declaración indagatoria.
Según las pruebas recolectadas en el expediente, se le atribuye la responsabilidad en un plan sistemático que incluyó desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones desde el año 2014.
Actualmente, el acusado se encuentra bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, luego de una operación militar que lo trasladó a ese país para enfrentar cargos por narcoterrorismo. En la justicia argentina, el expediente también alcanza a otras 15 personas, entre las que destaca el exministro Diosdado Cabello. Todos cuentan con órdenes de detención internacional vigentes emitidas por la justicia local en septiembre de 2024.
La aplicación del principio de jurisdicción universal permite que los tribunales argentinos investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de sus fronteras, siempre que no existan procesos similares en el lugar de los hechos.
Sin embargo, el tribunal de alzada advirtió que esta competencia es dinámica. El proceso local podría revisarse en el futuro si se acredita que la Corte Penal Internacional (CPI) inició actuaciones por los mismos sucesos, con el fin de evitar una doble persecución penal.
Por el momento, la resolución de la Cámara devuelve las actuaciones al juez de grado para que formalice el trámite administrativo frente a la justicia estadounidense. El escenario plantea un dilema jurisdiccional, dado que el proceso en Buenos Aires responde a derechos fundamentales de las víctimas civiles, mientras que la detención en el país norteamericano obedece a delitos de narcotráfico.
Ante la instrucción del tribunal superior, resta conocer si la justicia argentina iniciará formalmente el requerimiento diplomático para que el detenido sea trasladado al país. El avance de esta causa dependerá ahora de la decisión que el juez Ramos tome durante el actual periodo de feria judicial, en el que ya se encuentra habilitado para actuar.
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