En una maniobra que agotó los plazos legales, la Jefatura de Gabinete remitió la reforma del sistema de espionaje al Poder Legislativo. La oposición ya articula estrategias para rechazar una norma que otorga facultades extraordinarias al organismo, mientras el oficialismo apuesta al apoyo del PRO para sostener el nuevo esquema.
El ajedrez político entre la Casa Rosada y el Congreso sumó un capítulo determinante que promete tensar las relaciones institucionales durante el verano. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formalizó el envío del decreto que reformula la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), activando así el reloj parlamentario para su revisión. La medida, que fue firmada por el presidente Javier Milei durante la última jornada del año pasado, no solo amplía las competencias del organismo, sino que introduce cambios estructurales profundos que han puesto en alerta máxima a diversos bloques opositores. La controversia central radica en la autorización para que la SIDE pueda aprehender personas, una facultad que sus detractores califican como un retroceso institucional peligroso hacia épocas que se creían superadas.
Desde el punto de vista técnico y legal, la entrada del DNU al Senado y a la Cámara de Diputados pone en marcha los mecanismos de la Ley 26.122, que regula el control legislativo sobre los actos del Ejecutivo. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo cuenta ahora con diez días hábiles para emitir un dictamen sobre la validez del decreto. Sin embargo, la estrategia del oficialismo parece orientada a una dilación calculada: el retraso en la conformación de dicha comisión y la demora en el envío del texto sugieren una intención de postergar el debate de fondo hasta el mes de febrero. Una vez cumplido el plazo de la Bicameral, cualquiera de las cámaras quedará habilitada para tratarlo en el recinto, un escenario donde el Gobierno se juega la vigencia de una de sus reformas más ambiciosas en materia de seguridad nacional.
La oposición, con un núcleo duro conformado por Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, ya ha manifestado su rechazo frontal, alertando sobre la posibilidad de que estas nuevas atribuciones deriven en prácticas de “espionaje político”. Para estos sectores, el hecho de calificar como “encubiertas” la totalidad de las actividades del organismo y permitir detenciones por fuera del esquema judicial tradicional constituye una anomalía democrática que carece de la urgencia necesaria para ser dictada por decreto. El desafío para los detractores del Gobierno será reunir el quorum y la mayoría simple en ambas cámaras para lograr una derogación que sería histórica, dada la fragmentación del mapa legislativo actual y los intereses cruzados de los gobernadores
En este escenario de fuerzas equilibradas, el apoyo del PRO emerge nuevamente como el oxígeno vital para que el Poder Ejecutivo evite un traspié legislativo. El bloque que conduce Cristian Ritondo ha dado señales de acompañamiento, elogiando la mayoría de los cambios introducidos bajo la lógica de la modernización, aunque con el reparo de solicitar protocolos claros de actuación para evitar excesos. Mientras tanto, el foco del Gobierno se mantiene dividido: por un lado, la defensa de la influencia política del asesor Santiago Caputo en el área de inteligencia y, por otro, la necesidad urgente de garantizar votos para la reforma laboral. La transparencia y el control de los fondos reservados de la SIDE volverán a estar, inevitablemente, en el centro de una tormenta política que recién comienza.
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