Los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza Loretta Preska sanciones severas contra el país por presuntas demoras en la entrega de pruebas.
Los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza Loretta Preska sanciones severas contra el país por presuntas demoras en la entrega de pruebas.
El litigio por la expropiación de YPF en 2012 ha ingresado en una fase de extrema tensión en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York. Los fondos Petersen y Eton Park, respaldados por el gigante financiero Burford Capital, presentaron un escrito formal ante la jueza Loretta Preska solicitando que se declare a la República Argentina en desacato. El reclamo se fundamenta en supuestas reticencias del Estado Nacional para cumplir con el proceso de discovery, una orden judicial que exige la entrega de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de altos funcionarios y exfuncionarios, entre los que figuran los ministros Luis Caputo y Sergio Massa, además del canciller Pablo Quirno.
La artillería legal de los demandantes no se limita a la figura del desacato. Entre las sanciones solicitadas, destaca el pedido de declarar a entes estatales como el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas e YPF bajo la figura de “alter ego”. De prosperar, esta calificación borraría la distinción jurídica entre el Estado y estas empresas, permitiendo que sus activos sean sujetos de embargo para cubrir la millonaria indemnización de US$16.100 millones dictada en primera instancia. Asimismo, los fondos exigen una multa coercitiva de un millón de dólares por día mientras persista el presunto incumplimiento en la producción de evidencia.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, la respuesta fue inmediata y categórica. El organismo encargado de la defensa argentina rechazó las acusaciones, calificándolas como un intento de “hostigamiento” por parte de Burford Capital a través de solicitudes de prueba que consideran “intrusivas y desproporcionadas”. Según la defensa oficial, el país ya ha entregado más de 113.000 páginas de documentación y ha cumplido con los requerimientos dentro de los límites que permiten la Constitución y las leyes locales. Para el Gobierno, esta maniobra es una reacción al deterioro de la posición procesal de los demandantes en otras instancias judiciales.
El calendario judicial marca ahora hitos críticos para la economía argentina. La réplica formal del Estado se presentará el 19 de febrero, seguida por una nueva respuesta de los fondos el 5 de marzo. Finalmente, las audiencias probatorias del 23 y 24 de marzo serán el escenario donde la jueza Preska definirá si aplica las sanciones solicitadas. Mientras tanto, la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos continúa analizando los recursos interpuestos contra las órdenes de fondo del caso. El resultado de esta pulseada no solo definirá una cifra astronómica para las arcas públicas, sino también la soberanía operativa de las principales instituciones financieras y productivas del país.
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