La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, junto a CAC y ADIMRA, envió una nota al Senado para suprimir los artículos 126 al 132 del proyecto oficial. Las entidades alertan sobre riesgos de inestabilidad jurídica y desequilibrio en negociaciones colectivas, en medio de sesiones extraordinarias desde febrero.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), formalizó un reclamo ante la Cámara de Senadores.
Las entidades presentaron un documento donde solicitan de manera imperiosa la supresión de los artículos 126 al 132 del proyecto de reforma laboral. Según los organismos, estos apartados podrían contradecir la finalidad de la norma y propiciar un escenario de mayor incertidumbre para el sector empleador.
El cuestionamiento principal se centra en el artículo 128, que elimina los aportes obligatorios para las cámaras empresarias pero mantiene los beneficios para las organizaciones sindicales.
Además, el presidente de la CAME, Ricardo Diab, junto a la secretaria general, Beatriz Tourn, señalaron que esta medida resulta discriminatoria. Los directivos explicaron que dicha asimetría debilita la representación patronal y rompe el equilibrio necesario en las negociaciones colectivas, vulnerando derechos consolidados en la Constitución Nacional y convenios de la OIT.
Asimismo, las cámaras expresaron su rechazo a los artículos 130 y 131, que establecen la prioridad de los convenios por empresa sobre los de actividad. Las pymes consideran que este cambio fragmentaría el marco regulatorio de las actividades económicas. Esta modificación, según el texto presentado, permitiría disparidades salariales difíciles de justificar y afectaría el principio de igual remuneración por igual tarea dentro de un mismo sector productivo.
Otro punto crítico es el artículo 132, el cual otorga al Estado la facultad de suspender convenios colectivos invocando razones de interés general o crisis económicas. Las organizaciones advirtieron que esta capacidad discrecional añade una cuota de imprevisibilidad que perjudica la planificación a largo plazo.
Aunque el sector empresarial manifestó su respaldo a los cambios en el derecho individual del trabajo, subrayó que estas recomendaciones buscan garantizar equidad y reducir la litigiosidad laboral en el país.
El oficialismo mantiene su hoja de ruta para tratar la iniciativa en el recinto el 11 de febrero, dentro del cronograma de sesiones extraordinarias.
No obstante, el panorama legislativo presenta aristas complejas. Además de las objeciones empresarias, diversos gobernadores manifestaron reparos por el impacto fiscal que la reforma tendría sobre la coparticipación federal. El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa las gestiones con mandatarios provinciales para destrabar los votos necesarios en la Cámara Alta.
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