Bajo el argumento de la falta de fondos, la Casa Rosada adelantó que no acatará el fallo que ordena cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad y evalúa enviar un nuevo proyecto al Congreso.
Bajo el argumento de la falta de fondos, la Casa Rosada adelantó que no acatará el fallo que ordena cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad y evalúa enviar un nuevo proyecto al Congreso.
El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial ha sumado un nuevo capítulo crítico. Tras la sentencia dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que obliga al Gobierno a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad en un plazo de dos semanas, la respuesta desde Balcarce 50 ha sido tajante: “No hay plata”. Fuentes oficiales confirmaron que los fondos totales para cumplir con la normativa no están disponibles y que, en consecuencia, no se acatará la medida judicial en los términos exigidos.
La resolución judicial es contundente. El magistrado ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que acrediten en cinco días el avance de los trámites para actualizar aranceles de prestadores y presentar un plan de pago de las deudas acumuladas desde enero de 2025. De no cumplirse, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar sanciones económicas y represalias legales, una advertencia que en la Casa Rosada minimizan asegurando que, como mucho, se afectará parte del salario de los funcionarios.
La estrategia oficial para sortear el fallo incluye una maniobra legislativa. Tras fracasar en diciembre el intento de derogar la Ley 27.793 durante el tratamiento del Presupuesto 2026, el Gobierno evalúa ahora enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso para modificar la norma vigente. Mientras tanto, analizan “maquillar” el cumplimiento de la sentencia con las herramientas disponibles, pero descartan una implementación completa que resuelva la situación de miles de familias que perciben pensiones por debajo de los 300 mil pesos y enfrentan cortes en sus tratamientos.
Desde las organizaciones de prestadores y familiares de personas con discapacidad, la desconfianza es total. Denuncian que la falta de reglamentación de la ley, que ya lleva tres meses de retraso, es una decisión política orientada al ajuste fiscal que vulnera derechos humanos fundamentales. Con la justicia de un lado y el déficit cero del otro, la situación de vulnerabilidad de este sector se agrava, dejando en suspenso una respuesta efectiva del Estado ante un mandato que ya ha pasado por las urnas y los estrados judiciales.
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