Auditorías, cruces con la provincia y versiones falsas rodean la decisión
Auditorías, cruces con la provincia y versiones falsas rodean la decisión
Los cruces entre el Gobierno nacional y Tierra del Fuego sumaron un nuevo capítulo a partir de la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, una decisión que expuso las tensiones entre administraciones de distinto signo político y dio lugar, además, a versiones falsas que rápidamente fueron desmentidas por fuentes oficiales.
Desde La Libertad Avanza aseguran que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso la intervención del principal puerto fueguino por un plazo de 12 meses, una medida que fue formalizada este jueves mediante la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial. El puerto se encuentra bajo la órbita del gobierno provincial que encabeza Gustavo Melella, dirigente del peronismo patagónico.
Según el argumento oficial, la decisión se tomó luego de una serie de inspecciones y auditorías técnicas que detectaron presuntas irregularidades en el manejo de fondos, deficiencias operativas y riesgos estructurales que comprometerían el funcionamiento de la terminal marítima. En los informes se menciona el desvío de recursos que debían destinarse a inversiones portuarias, junto con falencias que afectan la seguridad y la operatoria diaria.
Entre los puntos señalados figuran faltantes de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas desgastadas, problemas en el tablestacado, deterioro de la carpeta asfáltica y debilidades en los sistemas de control administrativo y financiero. Desde Nación remarcan que estas observaciones fueron informadas oportunamente a las autoridades provinciales y que no habrían recibido respuestas satisfactorias.
Mientras el Gobierno comunicaba la medida, en redes sociales comenzó a circular una versión que vinculaba la intervención del puerto con una supuesta negociación internacional. Según ese rumor, el presidente Javier Milei habría ofrecido el Puerto de Ushuaia a Donald Trump como parte de un acuerdo para integrar una Junta de Paz internacional. En la Casa Rosada descartaron de plano esa versión y la calificaron como una fake news sin sustento, restándole toda credibilidad.
La reacción del gobierno fueguino no tardó en llegar. Melella y su gabinete rechazaron la intervención y anunciaron que avanzarán por la vía judicial para frenar la decisión, al tiempo que iniciaron gestiones ante autoridades nacionales para exigir explicaciones formales. En un comunicado, la provincia calificó la medida como “abrupta e injustificada” y cuestionó la falta de fundamentos objetivos en el acto administrativo.
Desde Tierra del Fuego también señalaron presuntas contradicciones internas en la resolución de la ANPyN y advirtieron que la intervención vulnera la autonomía provincial consagrada en la Constitución Nacional. Además, defendieron la gestión del puerto al destacar que atraviesa un momento de fuerte actividad, con récords en el arribo de cruceros y operaciones comerciales.
Según datos oficiales del gobierno provincial, en las últimas semanas el Puerto de Ushuaia recibió más de 30.000 pasajeros y tripulantes, un volumen que, aseguran, refleja la confianza de operadores internacionales y el buen desempeño de la terminal. “El puerto crece y funciona”, insistieron desde la administración fueguina.
Pese a la controversia, en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación ratificaron la intervención. Argumentan que responde a la falta de correcciones tras inspecciones previas, a denuncias de trabajadores sobre un presunto vaciamiento y a inquietudes planteadas por empresas navieras que operan en la región. Mientras tanto, el conflicto abre un nuevo frente de disputa política y judicial entre Nación y una de las provincias más australes del país.
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