La agencia de riesgo crediticio Moody’s consideró que el proceso de ajuste macroeconómico que atraviesa Argentina provocará que los beneficios soberanos derivados del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) sean acotados.
La agencia de riesgo crediticio Moody’s consideró que el proceso de ajuste macroeconómico que atraviesa Argentina provocará que los beneficios soberanos derivados del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) sean acotados.
“Los beneficios soberanos serán más acotados, ya que el país atraviesa un proceso de ajuste macroeconómico”, señaló la firma en un comunicado de prensa que recibió la Agencia Noticias Argentinas.
No obstante, afirmó que “aun así, el acuerdo fortalecerá los vínculos comerciales y de inversión con la UE, mejorando el desempeño exportador y el ingreso de divisas”.
“La fuerte demanda de importaciones durante la transición económica limitará los efectos en las débiles cuentas externas”, explicó Moody’s.
Por otro lado, consideró que la coyuntura económica interna condiciona el impacto positivo que el tratado podría tener sobre la calificación crediticia del país.
La fuerte demanda de importaciones prevista durante la etapa de transición económica restringirá el efecto de alivio sobre las cuentas externas y las reservas de divisas.
A pesar de que el pacto fortalecerá los vínculos de inversión y el desempeño exportador, la fragilidad de los indicadores macroeconómicos actuales frena las mejoras inmediatas para el Estado.
El reporte evalúa las implicancias para los países del Mercosur tras el cierre de las negociaciones que se extendieron por más de 20 años.
A nivel regional, el acuerdo se considera positivo para la calidad crediticia de los soberanos del Mercosur porque mejora el acceso a mercados y apoya la diversificación comercial.
Sin embargo, Moody’s advierte que los beneficios a corto plazo son limitados debido a los desafíos políticos en ambas regiones y al prolongado proceso de ratificación necesario.
Actualmente, la implementación del tratado se encuentra pausada tras la decisión del Parlamento Europeo, el 21 de enero, de solicitar una revisión de legalidad al Tribunal de Justicia de la UE.
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