El Gobierno analiza cambios en Ganancias ante el reclamo de gobernadores por la caída de coparticipación. Mientras se evalúan compensaciones fiscales, el oficialismo sumó la Ley Penal Juvenil al temario extraordinario para ampliar consensos y asegurar el debate parlamentario en febrero.
A escasos días de retomar la actividad parlamentaria, la cúpula de La Libertad Avanza analizó en Balcarce 50 las objeciones planteadas por los mandatarios provinciales sobre el alivio impositivo a las corporaciones. Pese a la intensidad de los reclamos, la gestión nacional mantiene por ahora la estructura original del proyecto laboral, aunque el debate técnico con el Ministerio de Economía sumó un nuevo nivel de complejidad a la mesa de decisiones.
La propuesta de reducir las escalas de Ganancias para las compañías —llevando las alícuotas del 30% al 27% y del 35% al 31,5%— ha encendido alarmas en los distritos del interior. Al tratarse de un tributo que se reparte entre la Nación y las provincias, los gobernadores temen un agujero financiero en sus presupuestos locales. Esta preocupación fue trasladada directamente al ministro Diego Santilli por referentes de peso como Alfredo Cornejo, y se espera que sea el eje de las próximas reuniones con los mandatarios de Corrientes y Misiones. Voceros legislativos advirtieron que, en casos como el correntino, la merma de ingresos podría ascender a cifras multimillonarias, lo que condiciona el apoyo al articulado fiscal.
En un giro táctico para ampliar consensos, la mesa política —integrada por figuras clave como Karina Milei, Santiago Caputo y Patricia Bullrich— acordó incorporar la Ley Penal Juvenil al cronograma de febrero. Esta adición fue bien recibida por sectores de la oposición dialoguista, incluyendo al santafesino Maximiliano Pullaro, quien manifestó su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad. Con este movimiento, el Gobierno busca suavizar las fricciones económicas mediante una agenda de seguridad compartida, mientras Luis “Toto” Caputo evalúa posibles compensaciones para las provincias afectadas por la quita impositiva.
La hoja de ruta del oficialismo es ambiciosa: pretenden llevar la reforma al recinto del Senado el 10 de febrero. La estrategia descansa en una aclaración que la Casa Rosada ha comenzado a filtrar a los gobernadores: la reducción de alícuotas no sería automática, sino que quedaría sujeta a la discrecionalidad de la cartera económica según la evolución de las cuentas públicas. Aunque esta flexibilidad calma a algunos sectores, otros mandatarios permanecen reticentes y exigen garantías por escrito antes de dar luz verde a una sesión que promete ser el primer gran test político del año.
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