La ex ministra propone modernizar derechos y sorprende a propios y ajenos.
La ex ministra propone modernizar derechos y sorprende a propios y ajenos.

En la antesala del debate en el Senado sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la diputada nacional de Unión por la Patria y ex ministra de Trabajo Kelly Olmos presentó un proyecto propio con el objetivo de “salvaguardar derechos” y ampliar el alcance de la legislación laboral ante los cambios tecnológicos y sociales que transformaron el empleo en las últimas décadas.
La iniciativa surge como una respuesta directa a la propuesta oficial, que desde la oposición es leída como un intento de flexibilización que reduce garantías históricas de los trabajadores. Olmos se posicionó así como una de las voces más activas dentro del peronismo para disputar la agenda del debate laboral, en un contexto donde el oficialismo busca avanzar con rapidez para convertir en ley su proyecto durante febrero.
El texto de Olmos, además, provocó movimientos internos en el bloque opositor. Aunque inicialmente el kirchnerismo mostró recelo ante una propuesta que no había sido coordinada orgánicamente por la conducción, el proyecto comenzó a sumar respaldos significativos en Diputados. Entre las primeras firmas se destacaron las de Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Juan Pablo Luque, Emir Félix y Pablo Todero, representantes de un sector que viene trabajando con impronta propia y una agenda federal.
Con el paso de los días, se sumaron adhesiones de peso como las de Eduardo Valdés, Agustín Rossi, Hugo Yasky, Blanca Osuna, Roxana Monzón, Gabriela Pedrali, Luis Basterra y otros legisladores. La incorporación de figuras cercanas a la conducción parlamentaria marcó un giro: la iniciativa dejó de ser vista como un gesto aislado para convertirse en un eje de discusión dentro del PJ.
Según trascendió, Olmos había compartido el proyecto con los jefes de bloque Germán Martínez y José Mayans antes de formalizar su ingreso por mesa de entradas, aunque las respuestas fueron evasivas. En el peronismo persiste un esquema de validación donde las decisiones estratégicas requieren, en última instancia, el aval del liderazgo de Cristina Kirchner, lo que explica la cautela inicial.
Sin embargo, la reforma laboral es un debate de alta densidad política. La diputada decidió avanzar sin esperar definiciones internas, con la convicción de que era necesario contraponer una propuesta concreta ante lo que considera una ofensiva regresiva del Gobierno.
El proyecto contiene ocho ejes centrales que buscan modernizar el mundo del trabajo sin precarizarlo. Entre ellos figura el fortalecimiento de los acuerdos colectivos por actividad, como contrapeso a la lógica oficial de priorizar convenios por empresa. También se propone modificar el régimen de corresponsabilidad parental, con licencias de 120 días para personas gestantes y 30 para no gestantes.
Otro punto destacado es el financiamiento bancario de indemnizaciones, junto con una reducción progresiva de la jornada laboral hasta alcanzar 40 horas semanales, una medida alineada con tendencias internacionales de reorganización del tiempo de trabajo.
El paquete incluye además la modernización de la inspección laboral, la creación de comités mixtos de salud y prevención de riesgos, la regulación del empleo en plataformas digitales y una reducción gradual de contribuciones patronales para pymes.
Olmos sostiene que el proyecto oficial, lejos de innovar, pretende “regresar al siglo XIX”, destruyendo el derecho laboral para reemplazarlo por la lógica civil y comercial, donde no se reconoce la asimetría de poder entre empleador y trabajador. También advirtió que el Gobierno busca restringir el derecho a huelga y extender jornadas de hasta 12 horas sin pago proporcional.
Finalmente, alertó que modificar el sistema indemnizatorio implica transferir el costo empresarial al trabajador y a los fondos previsionales, lo que podría derivar en un vaciamiento de recursos de ANSES.
Con su proyecto, Olmos instaló una contracara legislativa que obliga al debate a contemplar alternativas, en un escenario donde la reforma laboral se convirtió en uno de los campos de batalla centrales de 2026.
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