La adjudicación de una obra clave a una empresa india desató un enfrentamiento sin precedentes entre Javier Milei y Paolo Rocca. Mientras el holding denuncia competencia desleal, la Casa Rosada ratifica su política de apertura comercial y advierte que no subsidiará el “costo argentino” en perjuicio de la eficiencia energética.
El escenario de Vaca Muerta, motor de las promesas de exportación energética del país, se ha convertido en el ring de una disputa política y económica de final incierto. El conflicto estalló tras la licitación para la compra de 480 kilómetros de tuberías destinados a un gasoducto estratégico que unirá el yacimiento con el puerto rionegrino de San Antonio Oeste. El consorcio Southern Energy optó por la oferta del conglomerado indio Welspun, cuyo presupuesto de USD 203 millones resultó un 40% inferior al presentado por Tenaris, la filial del Grupo Techint. La diferencia, que asciende a los 90 millones de dólares, fue el detonante para que el Gobierno nacional cerrara filas en favor de la propuesta extranjera bajo una premisa contundente: “No vamos a pagar más caros los caños”.
La respuesta del holding liderado por Paolo Rocca no tardó en llegar, planteando la posibilidad de una denuncia formal por dumping. Desde Techint sostienen que la competidora india fabrica sus productos con insumos subsidiados de China, lo que constituye una práctica de competencia desleal. Sin embargo, el presidente Javier Milei respondió con dureza desde Mar del Plata, sugiriendo a través de sus redes sociales que los sectores que defienden el proteccionismo siderúrgico responden a intereses económicos directos. En la misma línea, el ministro Federico Sturzenegger defendió la licitación argumentando que elegir la opción más cara hubiera derivado en una menor rentabilidad del proyecto y un encarecimiento de la energía para miles de empresas y consumidores.
En medio de este fuego cruzado, la Unión Industrial Argentina (UIA) ha optado por un equilibrio precario. Si bien calificaron el suceso como un “conflicto entre privados”, emitieron una defensa de la trayectoria global de Rocca y recordaron que las empresas argentinas cargan con una mochila de distorsiones impositivas y logísticas acumuladas durante décadas. Para la central fabril, estas asimetrías estructurales son las que impiden competir de igual a igual con proveedores asiáticos, por lo que reclaman una coordinación que ataque los costos de fondo en lugar de generar agravios públicos que pongan en riesgo el cumplimiento de los objetivos del RIGI.
Por el momento, la Casa Rosada no planea dar marcha atrás con el contrato adjudicado a Welspun. La resolución del conflicto queda ahora en manos de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, el organismo encargado de analizar si efectivamente existió una maniobra de dumping. Esta pulseada no solo pone en juego un negocio millonario, sino que define el carácter de la relación entre el actual Gobierno y el sector industrial más poderoso del país: una convivencia que, por primera vez, se ve tensionada por la decisión oficial de quebrar el estancamiento a través de la competencia abierta, sin importar el peso del apellido que esté del otro lado.
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