Sergio Palazzo y otros líderes de la CGT endurecieron el discurso contra los mandatarios provinciales para que retaceen su apoyo legislativo al proyecto de la Casa Rosada. En una cumbre clave en la UOM, los gremios industriales presionan por un paro general mientras tildan de “verdugos” a quienes faciliten la quita de derechos.
El clima de paz social en la Argentina se encamina hacia una ruptura definitiva a medida que se acerca el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, previsto para el 11 de febrero. El sindicalismo ha identificado el eslabón más sensible de la estrategia oficialista: la voluntad de los gobernadores. Sergio Palazzo, titular de La Bancaria, fue el encargado de verbalizar esta presión al exigir públicamente que los mandatarios provinciales “no le presten los votos” al presidente Javier Milei. Para el sector más combativo de la CGT, el intercambio de alivio fiscal por aval legislativo a la reforma es una línea roja que convierte a los gobernadores en “verdugos de los trabajadores”.
La estrategia gremial no se limita a la retórica mediática. Esta tarde, la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se convertirá en el epicentro de la resistencia con una cumbre encabezada por Abel Furlán. Allí, organizaciones industriales y referentes de las CTA buscarán forzar a la conducción nacional de la CGT a ponerle fecha a una medida de fuerza o una movilización masiva. Furlán advirtió que cualquier apoyo de las provincias a la iniciativa tendrá un “costo político profundo”, intentando dinamitar los puentes que el Ministerio del Interior intenta tender con las gestiones locales para destrabar el proyecto.
Desde la mirada sindical, la reforma no admite grises. Palazzo denunció que el texto no contiene un solo artículo beneficioso para los empleados y que solo favorece la rentabilidad empresaria. Además, el dirigente bancario sugirió que la demora en el tratamiento legislativo responde a que el oficialismo “no está juntando los votos suficientes”, señalando las fisuras incluso dentro de los bloques aliados. Para el sindicalismo, si la “tozudez” del Gobierno persiste, el camino inevitable es la paralización de actividades y una ocupación de la calle que supere en volumen a la de diciembre pasado.
Mientras el triunvirato de mando de la CGT mantiene cierta cautela formal —con Jorge Sola enfocándose en el “lobby” parlamentario—, las bases industriales y de servicios empujan hacia la confrontación directa. La tensión radica en si los gobernadores priorizarán la sustentabilidad financiera de sus distritos o cederán ante la amenaza de un conflicto gremial de largo aliento que podría paralizar la producción en pleno verano. Con las negociaciones en el Senado bajo la lupa, el mapa del poder se redefine entre despachos oficiales y sedes sindicales, en una pulseada donde lo que se disputa es el futuro del modelo laboral argentino.
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