El gobernador Gustavo Melella presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal tras la decisión del Ministerio de Economía de intervenir la terminal portuaria de Ushuaia.
El gobernador Gustavo Melella presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal tras la decisión del Ministerio de Economía de intervenir la terminal portuaria de Ushuaia.
La tensión entre la Casa Rosada y las provincias sumó un capítulo judicial de alto impacto. El Gobierno de Tierra del Fuego interpuso este miércoles una demanda y una medida cautelar para anular la intervención del puerto de Ushuaia, dispuesta por el Ministerio de Economía de la Nación por un plazo de 12 meses. Para el mandatario provincial, Gustavo Melella, la medida constituye un “atropello al federalismo” y una violación a la autonomía de la jurisdicción, que ostenta el dominio y administración de la terminal desde el convenio de transferencia gratuita firmado años atrás.
El eje del conflicto jurídico radica en la legalidad del procedimiento. La provincia sostiene que la Nación ha aplicado una “intervención federal indirecta” sin pasar por el Congreso, eludiendo el marco constitucional. Según la presentación redactada por el secretario legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) —bajo el mando de Iñaki Arreseygor— ha creado un sistema financiero paralelo que centraliza la facturación y deposita los fondos portuarios en cuentas nacionales, sustrayéndolos del circuito presupuestario fueguino y eludiendo el control del Tribunal de Cuentas provincial.
Por su parte, la gestión libertaria fundamentó la intervención en la resolución 4/2026, basándose en auditorías que detectaron:
Riesgo operativo: Deterioro estructural significativo y falta de cumplimiento de estándares de seguridad internacionales.
Irregularidades financieras: Un presunto desvío de fondos donde el 33% del presupuesto se destinaba a subvenciones, mientras que solo el 1,3% se invertía en infraestructura.
Desbalance de préstamos: Falta de inversión en obras que optimicen las prestaciones actuales del puerto.
Melella rechazó de plano estos argumentos, asegurando que son “falsos” y que toda la recaudación se reinvierte y está debidamente auditada. La provincia advirtió que este caso trasciende la terminal de Ushuaia y se erige como un “caso testigo” para el sistema federal argentino. Según el gobierno fueguino, si se valida esta intervención administrativa por sobre la propiedad provincial, se sentaría un precedente donde el poder central podría intervenir cualquier institución provincial bajo el pretexto de facultades de control, vulnerando el principio de que las provincias son preexistentes a la Nación.
La Justicia Federal deberá decidir ahora sobre la cautelar solicitada por la provincia para el cese inmediato de la intervención. Mientras tanto, el puerto de Ushuaia, puerta de entrada estratégica al turismo antártico y nodo logístico clave, permanece bajo administración nacional, en el centro de una disputa que promete escalar hasta la Corte Suprema de Justicia.
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