El encuentro se da mientras el Congreso discute cambios en la Ley Penal Juvenil.
El encuentro se da mientras el Congreso discute cambios en la Ley Penal Juvenil.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibirá en los próximos días a la familia de Jeremías Monzón, el joven asesinado en un caso que involucró a tres menores de edad. La reunión se produce en un contexto político y legislativo marcado por el debate sobre una eventual reforma del régimen penal juvenil, uno de los temas que volverá a ocupar un lugar central en la agenda parlamentaria durante el nuevo período legislativo.
El crimen de Monzón generó una fuerte repercusión pública y reactivó las discusiones sobre la edad de imputabilidad y las herramientas disponibles para el sistema judicial frente a delitos graves cometidos por adolescentes. En ese marco, Bullrich expresó su posición a través de redes sociales, donde sostuvo que el tratamiento de la Ley Penal Juvenil había quedado estancado en el Congreso anterior. Según afirmó, la falta de avances legislativos dejó sin cambios un esquema que, a su criterio, presenta limitaciones frente a determinados casos.
“La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara. El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes”, escribió la funcionaria, enfatizando la necesidad de retomar el tratamiento del proyecto.
Desde el entorno de la familia de la víctima, el abogado que representa a los familiares, Rugna, consideró que el asesinato de Monzón podría constituir un punto de inflexión en el debate jurídico. En declaraciones recientes, calificó el hecho como un “caso bisagra” que expone la urgencia de revisar la legislación vigente desde una perspectiva que contemple tanto la responsabilidad penal como la protección de derechos.
El letrado impulsa junto a los familiares una iniciativa informalmente denominada “Ley Jeremías”, centrada en la reducción de la edad de imputabilidad. La propuesta busca modificar el marco actual para permitir que ciertos delitos graves cometidos por menores puedan tener un abordaje penal distinto al previsto hoy.
En términos judiciales, Rugna explicó que la querella intentará que la única imputada que supera el umbral de punibilidad vigente reciba la pena máxima contemplada por el Código Penal. El objetivo, según precisó, es alcanzar una condena de 15 años de prisión.
En cambio, respecto de los otros dos involucrados —de 14 y 15 años—, el abogado señaló que el sistema judicial argentino no permite aplicar penas privativas de la libertad debido a su edad, aunque hayan participado en instancias procesales como la audiencia de imputación.
Actualmente, la legislación argentina establece que los menores de 16 años no son penalmente responsables, lo que implica que no pueden ser sometidos a un proceso penal ordinario ni condenados a prisión, independientemente del delito. Esta normativa es uno de los puntos centrales del debate, ya que sectores políticos y sociales plantean posturas contrapuestas sobre si debe reformarse y en qué sentido.
El encuentro entre Bullrich y la familia de Monzón se inscribe en ese escenario, donde el caso se convirtió en un elemento de referencia para quienes impulsan cambios legislativos, mientras otros sectores advierten sobre los riesgos de una reforma que reduzca la edad de imputabilidad sin un enfoque integral.
En las próximas semanas, se espera que el Congreso vuelva a discutir proyectos vinculados al régimen penal juvenil, en un debate que combina demandas de seguridad, principios jurídicos y perspectivas sobre derechos de la infancia y adolescencia.
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