El Gobierno impulsa la reforma y busca acuerdos en el Congreso durante febrero.
El Gobierno impulsa la reforma y busca acuerdos en el Congreso durante febrero.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió en el Senado a familiares de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado en Santa Fe, en la antesala del debate parlamentario sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil y la posible baja de la edad de imputabilidad.
El encuentro se realizó con la madre y la tía del joven, en un contexto en el que el Gobierno nacional incluyó el tema dentro del temario de sesiones extraordinarias previstas para febrero. La iniciativa propone modificar el sistema vigente, que actualmente establece los 16 años como edad mínima para la responsabilidad penal.
El caso Monzón fue mencionado por sectores oficialistas como uno de los hechos que reactivaron la discusión pública sobre delitos graves cometidos por menores. Según la investigación judicial, Jeremías fue atacado con múltiples puñaladas en un edificio abandonado y el episodio habría contado con una planificación previa. Por el crimen permanecen detenidos tres adolescentes de 14, 15 y 16 años, además de una mujer adulta acusada de encubrimiento.
El Gobierno ya formalizó el envío del proyecto al Congreso para su tratamiento en el período legislativo de verano. Sin embargo, el oficialismo aún debe reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma. Una de las principales diferencias internas gira en torno a la edad mínima: mientras La Libertad Avanza plantea bajarla a los 13 años, legisladores aliados del PRO señalaron que preferirían fijarla en 14.
Desde el Poder Ejecutivo argumentan que la normativa actual quedó desactualizada y citan antecedentes regionales. En países como Brasil o Uruguay, la responsabilidad penal comienza a edades más tempranas en determinados casos, lo que es presentado como referencia durante la elaboración del proyecto.
El debate también genera cuestionamientos. Algunos especialistas y jueces de menores advirtieron que una modificación de este tipo no necesariamente resolverá los problemas de inseguridad, y reclamaron que se prioricen políticas integrales de prevención, inclusión y fortalecimiento institucional.
La discusión sobre imputabilidad juvenil se inscribe en una agenda legislativa amplia que el Gobierno espera tratar antes del cierre de las extraordinarias, previsto para el 27 de febrero. Entre otros temas figuran iniciativas sobre reforma laboral, cambios en la legislación ambiental vinculada a glaciares y la ratificación de acuerdos comerciales internacionales.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad mencionó otros casos recientes para sostener la necesidad de revisar el régimen actual. Entre ellos, hechos ocurridos en Tucumán y la provincia de Buenos Aires que involucraron a menores en episodios violentos.
Con posiciones divergentes dentro y fuera del Congreso, el tratamiento de la reforma penal juvenil aparece como uno de los debates más sensibles del inicio del calendario legislativo 2026.
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