El oficialismo introdujo modificaciones de último momento en el Proyecto de Presupuesto 2026 para derogar dos leyes claves votadas por amplias mayorías en el Congreso: la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Educativo. La movida judicializa y politiza dos áreas sensibles, con gremios y prestadores denunciando un intento de desfinanciamiento.


















