La Justicia revirtió el sobreseimiento de los dueños de Grido, Oscar Lucas Santiago y sus hijos, quienes irán a juicio por “asociación ilícita fiscal”. El caso, que comenzó en 2012, cuestiona su estrategia empresarial.
La Justicia revirtió el sobreseimiento de los dueños de Grido, Oscar Lucas Santiago y sus hijos, quienes irán a juicio por “asociación ilícita fiscal”. El caso, que comenzó en 2012, cuestiona su estrategia empresarial.

La Justicia ha dado un vuelco en el caso que investiga a los dueños de la cadena de heladerías Grido. La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de Oscar Lucas Santiago, uno de los fundadores, y de sus hijos, Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago, ordenando que los tres deberán enfrentar un juicio oral por el delito de “asociación ilícita fiscal”.

La decisión de la Cámara revierte una resolución anterior del Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba, que el año pasado había extinguido la acción penal contra los empresarios. En ese momento, el tribunal argumentó que la Ley de Blanqueo 27.743 y su decreto reglamentario eran una “ley penal más benigna” y se aplicaban de forma retroactiva, un pedido que había sido realizado por la defensa de los acusados.
La investigación contra los directivos de Helacor S.A. (empresa dueña de Grido) se inició en 2012, bajo la sospecha de evasión fiscal. El caso tomó notoriedad en 2017, cuando los tres principales imputados fueron detenidos durante varios meses hasta que pagaron una fianza. Aunque en un principio se les acusó de evasión, la causa se reorientó hacia el delito de “asociación ilícita fiscal” tras el pago de los montos reclamados por la AFIP.
Lucas Santiago, cofundador de Grido, tiene una historia que resalta su espíritu emprendedor. Comenzó de niño repartiendo helados y, en la crisis de 2000, ideó un plan para crear una cadena de heladerías low cost que combinara el sabor artesanal con la producción industrial. Su estrategia de franquicias en zonas desatendidas catapultó a Grido a ser la cuarta cadena mundial de helados, con más de 1.900 locales en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. Sin embargo, su éxito empresarial ahora se ve ensombrecido por esta nueva etapa en la investigación judicial, que pone en jaque a la cúpula de la reconocida firma.
Pagni advierte que Milei perforó su piso de aprobación (34%) debido a la recesión y el fin del relato de la “herencia”. Critica el diagnóstico oficial que culpa al periodismo, mientras el Gobierno recurre al estatismo financiero para sostenerse.
El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a garantizar las clases mediante planes de contingencia ante el paro docente. Desde la UBA, Emiliano Yacobitti denunció que el Gobierno incumple la ley de financiamiento y ratificó la marcha federal universitaria.
Comodoro Py inicia una nueva fase de indagatorias a 35 implicados por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se investiga una asociación ilícita que manipuló licitaciones millonarias de insumos médicos y medicamentos mediante empresas seleccionadas y el pago de sobornos.
La Justicia procesó a la cadena Día por presunta evasión previsional mediante contratos de franquicia falsos para ocultar relaciones laborales. Con un embargo de 800 millones de pesos, se investiga la falta de aportes de miles de empleados entre 2015 y 2018.
En la gala de la Fundación Libertad, Mauricio Macri afirmó que el populismo está llegando a su fin en la región. El exmandatario elogió el liderazgo de María Corina Machado y abogó por un calendario electoral que restaure la democracia en Venezuela.
El gremio docente de Río Negro convocó a un paro de 48 horas contra las auditorías médicas y el presentismo. Exigen un piso salarial de $2 millones y el fin de los descuentos por ausentismo aplicados por el gobierno provincial.
Concluyó la etapa de testimonios en el jury contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro por el caso Dalmasso. Tras declarar investigadores y forenses, el 6 de mayo iniciarán los alegatos para definir si serán destituidos por negligencia grave.
Ariel García Furfaro declaró ante el juez Kreplak, negando negligencia en la producción de fentanilo contaminado que causó 114 muertes. El empresario denunció un presunto sabotaje y solicitó peritar la maquinaria, mientras la justicia ratifica fallos críticos en los controles industriales.