La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá el futuro del 51% de las acciones de YPF. Con un embargo millonario en juego y un plazo que comenzó a correr anoche, el Estado argentino aguarda una definición que podría tener un alto impacto económico y reputacional.
El destino del 51% de las acciones de YPF, un bien estratégico para el Estado argentino, se juega en estas horas en Nueva York. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito ha comenzado a correr el plazo para comunicar su fallo sobre la orden judicial que obliga a la Argentina a transferir las acciones a los fondos demandantes, Burford y Eton Park. La decisión, que puede llegar en “cualquier momento”, mantiene en vilo al gobierno y a los mercados financieros del país.
El conflicto se remonta al 30 de junio pasado, cuando la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar las acciones de YPF como forma de pago por una sentencia de primera instancia que fijó una indemnización de US$16.100 millones más intereses. La defensa argentina apeló la orden y, mientras tanto, un tribunal concedió una suspensión administrativa temporal para frenar la transferencia de las acciones. La jueza Preska, sin embargo, señaló en un escrito que, a pesar de haber otorgado tiempo adicional, “la República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por satisfacer las condiciones requeridas por el tribunal”.
Actualmente, el Estado argentino sostiene dos apelaciones en paralelo: por un lado, la sentencia de primera instancia que obliga a pagar la indemnización; y por otro, el reciente pedido de Preska que exige la entrega del 51% de las acciones de la petrolera. Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro, explicó que en la primera causa todas las partes ya presentaron sus escritos y la Cámara fijó una audiencia para la semana del 27 de octubre. Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors, agregó que “tras esa audiencia, la Cámara estará en condiciones de resolver esta apelación, pero no tiene plazo para hacerlo”.
En este contexto de incertidumbre, la pregunta que se plantea es cuál sería el impacto si el fallo de la Cámara no fuera favorable para el país. Juan Ignacio Carranza, de la consultora Aurora Macro Strategies, consideró que el principal impacto sería reputacional, ya que “los tribunales estadounidenses no cuentan con mecanismos prácticos para forzar la entrega de acciones bajo jurisdicción extranjera”.
Sin embargo, el daño a la credibilidad del país en un momento en que el gobierno de Javier Milei busca volver a los mercados internacionales de deuda podría ser significativo. La posibilidad de que se busque un activo alternativo a las acciones de YPF es una de las opciones que se barajan, aunque el resultado final aún es incierto.
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