La subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels, denunció la crisis en su sector y el desfinanciamiento nacional. Señaló que la demanda de atención crece en la provincia de Buenos Aires, mientras el Estado central retira fondos, lo que obliga al sistema público a absorber la creciente necesidad de la población.
La crisis de salud mental en Argentina está alcanzando niveles alarmantes, con un notable incremento en la necesidad de atención en el sector público, que al mismo tiempo, enfrenta un significativo recorte de fondos. Diversas autoridades provinciales han expresado su profunda inquietud ante esta doble problemática, que impacta directamente en la capacidad de respuesta del sistema de salud a nivel nacional. Este fenómeno se ve agravado por un desfinanciamiento impulsado por el gobierno central, en un momento en que la demanda de servicios de salud mental se eleva de forma constante.
La subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, expuso la situación. Calmels reveló que “por lo menos 16 provincias presentamos un informe en el Congreso de la Nación para plantear una voz desde el interior del sistema de salud debido a la enorme preocupación que existe como resultado de un conjunto de múltiples factores”. La funcionaria subrayó que esta preocupación se debe tanto al agravamiento de la crisis como a la reducción de fondos públicos.
La subsecretaria Calmels denunció un abandono de la salud mental a nivel nacional, señalando que “el Estado nacional dejó de convocar a las reuniones históricas de autoridades, retiró el financiamiento de programas, medicamentos y políticas específicas. Ese abandono recae sobre las provincias”. Este vaciamiento de recursos ha provocado que las provincias asuman una carga cada vez mayor, a pesar de sus propias limitaciones presupuestarias.
En la provincia de Buenos Aires, la demanda de atención ha experimentado un crecimiento del 12% al 20% en el último año y medio. “Equivale a que hubiéramos tenido que construir entre 12 y 20 hospitales nuevos, algo imposible de realizar. Sin embargo, la gente sigue llegando al sistema público porque no puede pagar la prepaga o la obra social”, explicó Calmels. Este fenómeno subraya la presión sobre el sistema público, que se ha convertido en la única alternativa viable para una gran parte de la población que ya no puede costearse servicios privados.
Calmels hizo hincapié en que la salud mental no es un problema individual, sino que está intrínsecamente ligada a las condiciones de vida. Resaltó que “la salud mental no puede pensarse de manera individual porque está determinada por las condiciones de vida. Nadie puede desarrollarse en contextos de pobreza, violencia o falta de vivienda”. A pesar de las dificultades, la funcionaria destacó los esfuerzos provinciales para mitigar la crisis. En este sentido, mencionó la inauguración de 14 nuevos centros de atención, un aumento del 60% en la capacidad de internación y la creación de 187 viviendas que han facilitado el externamiento de más de 500 pacientes de hospitales neuropsiquiátricos. La funcionaria concluyó que la salud mental debe ser vista como un bien social, no como un lujo, y que el abandono por parte del gobierno nacional agrava un problema que afecta a toda la sociedad.
Lo hizo a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía, en la cual también solicitó “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”.
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