Fin de una era en la obra pública

Una nueva resolución cierra programas de vivienda como Casa Propia y Procrear. El Estado se desentiende de la financiación, exigiendo a provincias y municipios asumir el costo o enfrentar la paralización de obras.

Foto: Ministerio de Economía

El gobierno nacional oficializó el cese de múltiples programas de vivienda y hábitat, transfiriendo su continuidad a la órbita de las provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires. A través de la Resolución 1199/2025, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, la medida argumenta la necesidad de “reordenar la obra pública” y optimizar la gestión estatal. La normativa implica la derogación de planes emblemáticos como el Programa Federal Argentina Construye y Casa Propia – Construir Futuro, entre otros.

Si bien las jurisdicciones locales podrán asumir el financiamiento de las obras en curso, el Estado Nacional se desliga de la asistencia económica y obliga a la implementación de un sistema de recupero de fondos para los adjudicatarios. Este esquema prevé que el pago de las cuotas se ajuste a la Unidad de Vivienda (UVI), un índice que actualiza su valor según la inflación de los materiales de construcción.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida como un avance que “destraba un sinnúmero de transferencias” y permite a las autoridades locales “tomar y terminar las obras”. No obstante, la resolución establece que, si una provincia no puede o no asume el financiamiento, la continuidad del proyecto se analizará de forma “restrictiva y fundada”, lo que podría derivar en la paralización definitiva de la construcción.

La disolución de estos programas reconfigura el rol del Estado en el acceso a la vivienda. El dilema recae ahora sobre las provincias, municipios y sus ciudadanos, que deberán afrontar las consecuencias de esta profunda reorientación, o si, por el contrario, se marca el fin de los planes de construcción pública.

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