La Policía Federal de Brasil acusó al expresidente Jair Bolsonaro de planear su huida y un pedido de asilo político a Javier Milei en Argentina. Un borrador de solicitud en su celular detalla el presunto intento de evasión.
La Policía Federal de Brasil acusó al expresidente Jair Bolsonaro de planear su huida y un pedido de asilo político a Javier Milei en Argentina. Un borrador de solicitud en su celular detalla el presunto intento de evasión.

El cerco judicial se estrecha sobre Jair Bolsonaro. La Policía Federal brasileña formalizó una acusación contra el expresidente, alegando que preparó un borrador para solicitar asilo político en la Argentina, con el presidente Javier Milei como destinatario, según reportes de agencias como AP y EFE.
El informe policial, revelado por el Supremo Tribunal Federal, presenta un documento encontrado en el teléfono de Bolsonaro en medio de la investigación por su supuesto rol en un intento de golpe de Estado para impedir la asunción de Lula Da Silva.
La fecha del borrador —últimamente modificado el 12 de febrero— coincide con la permanencia del exmandatario por dos noches en la embajada de Hungría, ocurrida solo cuatro días después de que le incautaran el pasaporte. Las autoridades brasileñas sugieren que la autoría del texto podría ser de la nuera de Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira.
Además, las autoridades investigan una transferencia de 2 millones de reales (unos 365.000 dólares) a la cuenta de su esposa, Michelle Bolsonaro, un día antes de su declaración. Se sospecha que este movimiento buscaba ocultar patrimonio y evitar un bloqueo judicial, según las agencias de noticias Reuters y EFE.
El caso ha escalado a un punto crítico. El ministro del STF, Alexandre de Moraes, ha exigido a la defensa de Bolsonaro que aclare los “incumplimientos” de las medidas cautelares y el “riesgo de fuga”. Por su parte, la Policía Federal recomendó imputar al exmandatario y a su hijo por coacción procesal y tentativa de abolición del Estado de Derecho.
Mientras la justicia brasileña se prepara para el juicio, el supuesto plan de fuga plantea preguntas sobre los límites del poder, el derecho a la justicia y el asilo político en la región.
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