El jefe de Gabinete se refirió a la remoción del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, luego de la filtración de supuestos audios de corrupción que involucran a figuras de alto rango. La decisión, tomada de forma “preventiva”, busca evitar un mayor costo político.
El Gobierno enfrentó una nueva crisis. El foco se posó sobre la salida de Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La noticia se oficializó luego de la divulgación de audios donde el exfuncionario, presuntamente, detalla un esquema de coimas y retornos con laboratorios, aludiendo incluso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.
Al ser consultado sobre el tema, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió que la remoción de Spagnuolo fue una decisión del presidente Javier Milei. Francos se distanció de forma contundente al asegurar que “no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”. A pesar de esa declaración, el ministro agregó que confía en la inocencia de Karina Milei y Eduardo Menem, señalando que el tema debe ser investigado por la Justicia.
Los audios filtrados, de origen desconocido, dan la “impresión” de estar editados, lo que ha generado un debate sobre su veracidad. La respuesta del Gobierno fue remover al funcionario de su cargo “de manera preventiva”. Este movimiento, según fuentes oficiales, busca evitar que el escándalo se magnifique y sea utilizado por la oposición en el contexto electoral.
La decisión de Milei y la declaración de Francos abren un interrogante sobre la capacidad del oficialismo para enfrentar las acusaciones de corrupción. ¿Es la remoción de Spagnuolo una respuesta contundente o una maniobra para contener el daño político y evitar un análisis más profundo de las denuncias que involucran a figuras clave del círculo íntimo del poder? El rol de la Justicia será crucial para determinar la verdad detrás de las filtraciones y las implicaciones para la transparencia del Gobierno.
Luego de los fallidos festejos por el subcampeonato del Mundial 2026, la mesa política oficialista retoma las reuniones en Casa Rosada. El Poder Ejecutivo priorizará la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma electoral y el armado territorial para 2027.
El Gobierno unificó los beneficios impositivos entre envíos postales y courier mediante el Decreto 604/2026, tras un semestre récord en pequeñas importaciones. La norma fija franquicias de hasta 400 dólares por paquete, simplificando trámites aduaneros y fomentando exportaciones.
Los movimientos sociales realizarán cortes sorpresivos en todo el país en rechazo a la baja del programa Volver al Trabajo. El Gobierno ratificó que aplicará el protocolo antipiquetes, mientras crecen la tensión en las calles y los reclamos sectoriales.
Argentina acumulará unos USD 7.000 millones adicionales de superávit comercial en el segundo semestre de 2026. Tras registrar USD 13.923 millones hasta junio, impulsados por las exportaciones agrícolas y energéticas, el saldo anual rondará los USD 21.000 millones.
Una denuncia por amenazas contra la mano derecha de la vicepresidenta Victoria Villarruel elevó al plano judicial su disputa con Patricia Bullrich. El conflicto, detonado por la filtración de chats privados, amenaza con paralizar iniciativas legislativas clave en el Senado.
Pagni contrasta la ejemplaridad de la Selección con las maniobras de impunidad de Tapia y Toviggino. Mientras Santilli arrebata cajas a Caputo para impulsar su candidatura bonaerense, Mahiques manipula ternas judiciales para blindar a Milei y sus aliados.
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