La orden de armar a miles de efectivos de la Guardia Nacional enviados a patrullar Washington D.C. busca reducir la criminalidad, pero genera polémica y dudas sobre sus verdaderos impactos y motivaciones.
La orden de armar a miles de efectivos de la Guardia Nacional enviados a patrullar Washington D.C. busca reducir la criminalidad, pero genera polémica y dudas sobre sus verdaderos impactos y motivaciones.
Desde mediados de agosto de 2025, Washington D.C. ha visto un despliegue sin precedentes de miembros de la Guardia Nacional. Ordenada por el presidente Donald Trump, esta acción incluye que los efectivos porten armas de fuego —pistolas y fusiles— durante sus patrullajes, un cambio significativo en la política de seguridad de la capital, tradicionalmente una ciudad con una policía local autónoma.
Según reseña El País, este despliegue inicial incluyó 800 miembros de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia y luego se sumaron refuerzos enviados por seis estados con gobiernos republicanos, aumentando a casi 2,000 efectivos.
La orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, formalizó esta política, autorizando el uso de armas como respuesta a amenazas inminentes, aunque la función principal de estas tropas hasta ahora ha incluido protección de sitios emblemáticos y apoyo en control de multitudes más que la intervención directa en delitos. No obstante, la militarización ha generado polémica y resistencia entre autoridades y habitantes locales.
Trump ha proclamado que Washington D.C. era un “infierno” y ahora es “más seguro que nunca” tras su intervención. Sin embargo, los datos locales indican una reducción del 7% en la criminalidad general y disminuciones relevantes en delitos violentos, conforme informó la alcaldesa demócrata Muriel Bowser, quien criticó el control federal y consideró que las medidas de Trump se basan en percepciones erróneas y no en cifras reales de la ciudad.
Un aspecto cuestionado es la justificación del despliegue militar bajo el argumento de la inseguridad y la problemática con personas sin hogar, a quienes Trump ordenó expulsar “inmediatamente” de las calles, una medida señalada como polémica y alejada de soluciones sociales integrales.
Para residentes y expertos, la ocupación militar de Washington D.C. abre un debate sobre la autonomía de la ciudad, sus derechos y la efectividad de este tipo de intervenciones para la seguridad pública. Algunos advierten que la acción del gobierno federal, en una ciudad con mayoría demócrata, tiene también un fuerte componente político que busca influir en la percepción ciudadana y electoral en un contexto de polarización nacional.
Además, cabe cuestionar si la estrategia de militarización y control federal es sostenible o solo una medida temporal, dado que la ley impone límites de 30 días para el control federal, aunque el despliegue de la Guardia Nacional puede extenderse indefinidamente con justificaciones específicas.
Trump anunció que después de Washington D.C., otras ciudades como Chicago y Baltimore podrían enfrentar despliegues similares. Esto genera inquietud entre líderes locales y grupos civiles sobre la posible militarización progresiva y el impacto que podría tener en la relación entre comunidades y fuerzas de seguridad.
La decisión de armar a la Guardia Nacional en la capital estadounidense representa un giro significativo en la política de seguridad del país, en medio de un escenario complejo marcado por tensiones políticas y sociales.
El mercado financiero puso la lupa en julio de 2027 como el límite para la solvencia del modelo. Con el riesgo país estancado en 600 puntos y una industria en caída libre, el Gobierno busca desesperadamente dólares para cubrir un bache de US$ 10.000 millones.
El régimen de Teherán acusó al presidente argentino de cruzar una “línea roja” y convertir al país en el “Israel de América Latina”. Advierten por una respuesta “proporcionada” tras el discurso de Javier Milei en Nueva York.
El canciller Pablo Quirno confirmó que el país deja de integrar el organismo sanitario internacional. La medida, impulsada por Javier Milei, se hace efectiva tras cumplirse un año de la notificación formal. Se priorizarán acuerdos bilaterales.
El Ministerio de Justicia designó veedores para auditar a la AFA por 180 días. La medida busca revisar balances y contratos sospechosos tras detectar irregularidades administrativas. El control ocurre en medio de una disputa política por la jurisdicción de la entidad.
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Argentina supera la media mundial en bienestar emocional, según un estudio de la Universidad Austral y Harvard. Pese a la incertidumbre económica, la resiliencia, los vínculos sociales y el sentido de propósito actúan como amortiguadores, configurando una notable paradoja social.
La ANSES, mientras tanto, sigue con los pagos correspondientes al tercer mes del año.
Se trata de Ari Larijani, según informó el Ministerio de Defensa de Israel.
