Brasil evalúa responder a los aranceles del 50% de la administración de Donald Trump. El gobierno de Lula ordenó un estudio para implementar contramedidas comerciales, lo que marca una escalada en las tensiones bilaterales, que también están ligadas a la situación del expresidente Bolsonaro.
El gobierno de Brasil ha iniciado un análisis para responder a la imposición de aranceles del 50% por parte de la administración de Donald Trump, lo que marca un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre ambos países. Por primera vez, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva está evaluando la posibilidad de aplicar contramedidas, un giro radical en su estrategia diplomática que hasta ahora se había limitado a buscar una solución a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty), el canciller brasileño ha ordenado a la Cámara de Comercio Exterior (Camex) que inicie un estudio para evaluar la viabilidad de implementar una ley de reciprocidad contra Estados Unidos. Esta normativa, aprobada por el Congreso Nacional de Brasil a principios de año, autoriza al país a responder con aranceles u otras sanciones a las acciones comerciales unilaterales de Washington.
El proceso, que fue autorizado por el presidente Lula, le da a Camex un plazo de 30 días para entregar un informe técnico sobre la factibilidad de la medida. En caso de que el organismo dé luz verde a la implementación de la ley, un grupo de trabajo del gobierno definirá qué sectores de la economía estadounidense se verán afectados por las represalias brasileñas. Estados Unidos será notificado formalmente sobre el inicio del procedimiento, lo que representa una clara escalada en la confrontación.
La decisión de Trump de imponer un arancel del 50% a las importaciones brasileñas no solo responde a acusaciones de supuestas prácticas comerciales desleales, sino también a una evidente tensión política. El presidente estadounidense ha denunciado lo que califica como una “caza de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un proceso judicial por planear un golpe de Estado.
A pesar de los aranceles, algunos sectores clave para la economía brasileña, como la exportación de jugo de naranja concentrado y la industria aeronáutica, en la que se destaca la empresa Embraer, quedaron exentos de las represalias. Esto deja en evidencia que la guerra comercial no tiene como único objetivo la economía, sino que también busca ejercer presión política sobre el gobierno de Lula da Silva. La respuesta de Brasil, por lo tanto, no es solo comercial, sino un intento de defender su soberanía y su capacidad de decidir sobre sus asuntos internos sin la injerencia de potencias extranjeras.
Los gobiernos de España y Marruecos atribuyen la reciente entrada masiva de personas a redes ilegales. Sin embargo, la Justicia española investiga si existió una organización criminal detrás del fenómeno mientras crecen los interrogantes sobre la falta de pruebas oficiales.
La Prefectura Naval intimó a 536 profesionales de practicaje a reanudar sus tareas bajo amenaza de sanciones y denuncias penales. La medida de fuerza paralizó a más de 140 buques en rechazo al decreto de desregulación impulsado por el Gobierno.
La justicia hondureña concedió la libertad condicional al expresidente Juan Orlando Hernández, quien solo tendrá prohibido salir del país. Enfrenta cargos por el presunto desvío de diez millones de dólares públicos para financiar su campaña electoral de 2013.
Alejandro Toledo, encarcelado por corrupción a sus 81 años y con un delicado estado de salud, solicitó un indulto humanitario a la presidenta Keiko Fujimori. La decisión final sobre su excarcelación reaviva una histórica rivalidad política en Perú.
La recaudación de julio alcanzó $22,9 billones con una leve suba real del 1,2%, impulsada por el vencimiento extraordinario de Ganancias. Sin embargo, cayeron tributos clave como las retenciones al comercio exterior, las importaciones y las cargas previsionales.
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