La decisión judicial surge a raíz de una presentación realizada por el exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano, quien exigió conocer los detalles del acuerdo entre el gobierno argentino y el organismo internacional de crédito.
La decisión judicial surge a raíz de una presentación realizada por el exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano, quien exigió conocer los detalles del acuerdo entre el gobierno argentino y el organismo internacional de crédito.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le ordenó al Ministerio de Economía que entregue toda la información relacionada con las negociaciones que el gobierno de Javier Milei afirmó estar llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un nuevo programa de financiamiento por hasta 20.000 millones de dólares. El fallo representa un fuerte respaldo al derecho de acceso a la información pública en un tema de alta sensibilidad como es el endeudamiento externo.
La decisión judicial surge a raíz de una presentación realizada por el exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano, quien, amparado en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, exigió conocer los detalles de este potencial acuerdo luego de que el propio Jefe de Estado lo mencionara en declaraciones públicas.
En una primera instancia, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, había rechazado el pedido argumentando que la información solicitada se encontraba en pleno “proceso de negociación” y que su divulgación podría “perjudicar los intereses del Estado”. Según la cartera económica, revelar los términos del incipiente acuerdo constituía una excepción contemplada por la ley.
Sin embargo, los jueces de la Sala II de la Cámara revirtieron esa decisión. En su fallo, sostuvieron que el Gobierno no logró fundamentar de manera suficiente cómo la publicidad de estos actos podría concretamente dañar las negociaciones con el organismo internacional.
Los magistrados destacaron que fue el propio presidente Milei quien, con sus declaraciones, hizo público el inicio de las conversaciones, lo que debilita el argumento del secreto. “La divulgación de la información solicitada no aparece como una circunstancia susceptible de ocasionar un perjuicio al interés público”, afirmaron en la sentencia.
El tribunal remarcó que, en materia de deuda pública, el principio de transparencia debe ser la regla, ya que se trata de actos de gobierno que comprometen el futuro del país y tienen un profundo impacto institucional, económico y social.
Con esta resolución, el Ministerio de Economía está ahora obligado a entregar los documentos y expedientes vinculados a las tratativas con el FMI, a menos que decida apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia.
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