El Ejecutivo presentó una denuncia ante la Justicia por la difusión de grabaciones privadas de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, e impuso una cautelar para frenar nuevas filtraciones en plena campaña electoral.
El Ejecutivo presentó una denuncia ante la Justicia por la difusión de grabaciones privadas de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, e impuso una cautelar para frenar nuevas filtraciones en plena campaña electoral.
El Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” vinculada a la filtración y difusión de audios donde se escucha a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, se trata de un ataque planificado y dirigido con el propósito de desestabilizar al país en un contexto electoral delicado.
El material comprometido contiene conversaciones grabadas de forma clandestina, supuestamente dentro de la Casa Rosada, algo que según la denuncia viola la ley de inteligencia y la privacidad institucional. Frente a esta situación, la Justicia dictó una medida cautelar que prohíbe a cualquier medio de comunicación la difusión de esos audios, argumentando que la libertad de expresión debe ceder ante el perjuicio irreparable que su exposición podría ocasionar.
Además, el Ejecutivo solicitó allanamientos en medios de comunicación y domicilios de periodistas relacionados con la divulgación, con el fin de secuestrar dispositivos electrónicos y documentación vinculada. Esta medida ha generado críticas entre sectores periodísticos y de la oposición que alertan sobre posibles riesgos para la libertad de prensa y el derecho a la información pública.
Los audios están relacionados con una investigación judicial sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a altos funcionarios y empresas proveedoras del Estado. Aunque la denuncia oficial se focaliza en la ilegalidad de las grabaciones y la manipulación de las mismas, el caso amplió el debate sobre prácticas de espionaje, transparencia gubernamental y control democrático.
En el plano político, la filtración ocurrió a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, escenario donde el oficialismo enfrenta importantes desafíos y críticas por la gestión y los escándalos de corrupción. El episodio generó también incidentes violentos en actividades de campaña, evidenciando un clima de polarización y tensión social.
La cautelar judicial abrió un debate sobre cómo equilibrar el derecho a la información pública y la protección de datos sensibles en democracia, sin caer en censura o abuso del poder.
Transporte acordó con las cámaras del AMBA reforzar los subsidios y actualizar costos mensuales hasta enero para congelar el boleto mínimo. Además, el Gobierno propuso saldar en tres cuotas la deuda de $40.000 millones, desactivando recortes en los servicios nocturnos.
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Binance investiga un presunto hackeo por US$ 6.300 millones atribuido a piratas informáticos norcoreanos y pausó retiros transitoriamente. La empresa aseguró que los fondos están a salvo, cubrirá todas las pérdidas con su seguro SAFU y logró congelar activos millonarios.
El Senado dio media sanción a la reforma de salud mental con cambios acordados: mantiene la prohibición de nuevos manicomios y fija la internación como medida excepcional. El proyecto, girado a Diputados, incorpora psiquiatras obligatorios, telemedicina y límites temporales.
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