El diputado y presidente de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, Maximiliano Ferraro, anticipó que acudirán a la justicia para hacer comparecer a Karina Milei, citada en calidad de testigo, en caso de que no se presente voluntariamente. La investigación incluye cuestionarios a Javier Milei y otros funcionarios vinculados.
La Comisión Investigadora del Congreso que indaga el caso $LIBRA, la polémica criptomoneda que explotó tras ser promocionada por el presidente Javier Milei, continúa avanzando con medidas para esclarecer responsabilidades. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, titular de la comisión, advirtió que si Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y citada como testigo, no se presenta voluntariamente a declarar, acudirán a la justicia para solicitar su comparecencia forzada.
Ferraro, en entrevista en Gelatina, destacó que Karina, como funcionaria pública, no debería negarse a declarar y que la comisión garantiza el derecho a la defensa con asistencia legal, sin obligar a declarar en su contra. La comisión aprobó el reglamento de funcionamiento y definió las primeras medidas probatorias, incluyendo una serie de exhortos y pedidos de información a diferentes organismos y personas involucradas.
Entre los citados, además de Karina Milei, están el presidente Javier Milei, quien debe responder un cuestionario en cinco días hábiles, el vocero presidencial Manuel Adorni, y otros empresarios y funcionarios vinculados al proyecto $LIBRA.
El diputado aseguró que los avances en la investigación fueron aprobados por un amplio respaldo en la Cámara y que no permitirán obstáculos para el desarrollo de la comisión, pese a la resistencia de algunos sectores oficialistas que cuestionan su continuidad y validez.
El caso $LIBRA es seguido con alta expectación por la sociedad y el mundo político, ya que involucra presuntas estafas millonarias, posible uso de información privilegiada y lavado de activos vinculados a la criptomoneda promocionada públicamente por el presidente en febrero de este año, lo que derivó en pérdidas millonarias para pequeños inversores.
La comisión investigadora sigue recabando pruebas y preparando audiencias clave para esclarecer el entramado político y financiero detrás del proyecto, dejando en claro que tanto los responsables políticos como empresariales tendrán que rendir cuentas ante el Congreso y la justicia.
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