Un censo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) revela que la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires triplica los datos oficiales.
Un censo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) revela que la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires triplica los datos oficiales.
La crisis social y económica en la Ciudad de Buenos Aires se expresa de manera cruda en los datos del tercer censo popular, que indican que cerca de 11.900 personas viven hoy en la calle, casi tres veces más de lo que reconoce el gobierno porteño. Esta comunidad vulnerable enfrenta diariamente no solo la pérdida del hogar, sino también condiciones laborales precarias, un grave deterioro de la salud y una violencia institucional en aumento.
Entre quienes participaron del censo, el 23% realiza cartonaje como principal fuente de ingreso, el 29% realiza changas, el 10% ventas ambulantes y un 12% practica la mendicidad. Un dato llamativo muestra que la mayoría nació en la ciudad o la provincia de Buenos Aires, y que casi la mitad cuenta con nivel secundario completo, desafiando estereotipos sociales.
Sin embargo, vivir en la calle impacta severamente en la salud. El 64% de los encuestados reporta un empeoramiento, y cerca de la mitad señala un agravamiento importante en su condición. Además, el 60% reconoce un aumento en problemas vinculados al consumo de drogas desde que vive sin hogar.
La violencia estatal es un flagelo transversal a esta realidad. El 80% asegura que las agresiones de la policía y del Ministerio de Espacio Público se intensificaron, sufriendo desde pérdida compulsiva de pertenencias hasta agresiones físicas y detenciones arbitrarias.
En 2025, el decreto 373/25 modificó la ley que protege a las personas en situación de calle, delegando responsabilidad al Estado provincial y disminuyendo la protección nacional. Esta medida profundiza la vulnerabilidad y dificulta la articulación de políticas eficaces para atender la crisis.
Organizaciones sociales y especialistas reclaman una respuesta urgente y articulada, que incluya políticas públicas integrales con enfoque interdisciplinario, combinando asistencia inmediata con iniciativas que permitan a las personas sin techo recuperar una vida digna y sostenible.
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