Más de 15.500 usuarios de barrios privados y Puerto Madero dejan de recibir subsidios en luz y gas tras nueva recategorización que apunta a reducir el gasto fiscal y distribuir el beneficio a sectores con mayor necesidad.
Más de 15.500 usuarios de barrios privados y Puerto Madero dejan de recibir subsidios en luz y gas tras nueva recategorización que apunta a reducir el gasto fiscal y distribuir el beneficio a sectores con mayor necesidad.
El Gobierno nacional lanzó una medida para excluir del régimen de subsidios energéticos a más de 15.500 usuarios residentes en barrios cerrados, countries y la zona de Puerto Madero, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el objetivo de ordenar el gasto público y priorizar el acceso a tarifas subsidiadas para hogares con menor capacidad económica.
Esta decisión se oficializó a través de la Disposición 1/2025 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético y fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa reciente.
Para identificar a los beneficiarios excluidos, se emplearon sistemas avanzados de georreferenciación y cruzamiento de bases de datos oficiales, lo que permitió detectar que muchos hogares en estas zonas mantenían consumos eléctricos equivalentes a los de pequeñas y medianas empresas, muy por encima del consumo promedio residencial nacional, estimado en 250 kilovatios hora mensuales.
Además, se constató que un porcentaje importante de los usuarios que conservaban el subsidio se habían categorizado formalmente como de ingresos bajos o medios, pese a contar con servicios y consumos propios de niveles altos, como piletas climatizadas.
La recategorización automática implica la exclusión del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para estos usuarios. No obstante, el Gobierno habilitó un mecanismo de revisión individual a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), donde los afectados podrán presentar una declaración jurada y aportar pruebas que justifiquen su permanencia en el régimen de beneficios energéticos.
El vocero presidencial destacó que esta medida representa un paso necesario para sanear un sistema tarifario con un gasto en subsidios de aproximadamente 150.000 millones de dólares en las últimas dos décadas. El ahorro fiscal estimado es de más de 3.000 millones de pesos anuales, lo que contribuirá a consolidar el orden fiscal. Adorni enfatizó que “la energía cuesta y quien pueda pagarla debe hacerlo”, en clara referencia a que el gasto público debe estar dirigido a quienes realmente lo necesitan.
Esta decisión genera debate sobre la equidad y eficiencia de la política energética, ya que algunos sectores argumentan que los criterios automatizados pueden dejar fuera casos particulares con capacidad limitada, y que se deben prever mecanismos de revisión y transparencia para evitar injusticias. A la vez, se reconoce la necesidad de una política de subsidios más focalizada para sostener un sistema financiero y energético sostenible en el mediano y largo plazo.
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