El organismo Enrege otorgó a la minera Vicuña el certificado para construir infraestructura eléctrica clave en la cordillera sanjuanina. La decisión destraba un proyecto de cobre por más de US$ 9.000 millones, desestimando reclamos de provincias y empresas competidoras.
El Gobierno nacional dio un paso crucial para habilitar el mayor desembolso productivo del país. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad otorgó el certificado técnico a la minera Vicuña, permitiéndole construir las obras de alta tensión indispensables para sus yacimientos de cobre.
📌 Claves del histórico proyecto minero:
Monto inicial: La inversión bajo el RIGI alcanza los US$ 9.700 millones.
Empleo y divisas: Generará 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Infraestructura: La obra eléctrica demandará hasta US$ 500 millones.
La compañía es una alianza estratégica entre la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP. El Ministerio de Economía aprobó su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, con desembolsos proyectados que podrían escalar hasta los US$ 18.000 millones en distintas etapas.
Sin embargo, el desarrollo del megaproyecto permanecía condicionado por una extensa disputa regulatoria. El regulador sanjuanino, La Rioja y firmas competidoras impugnaron la solicitud, objetando que se le conceda a Vicuña la prioridad de uso sobre la capacidad remanente de transporte eléctrico.
En su fallo oficial, el organismo regulador desestimó las objeciones de las provincias, ratificando la jurisdicción federal sobre las redes de alta tensión. El Enrege recordó que el sistema eléctrico interconectado es indivisible, apoyándose en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Las obras contempladas prevén construir una línea de extra alta tensión de 500 kilovoltios entre Rodeo y Chaparro, que atravesará zonas montañosas a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Los trabajos requerirán un desembolso privado de entre 400 y 500 millones de dólares.
Desde la empresa confirmaron que la infraestructura será financiada íntegramente por los inversores, sin generar costos para los usuarios del sistema eléctrico. Una vez culminadas, las instalaciones se integrarán al Sistema Argentino de Interconexión, bajo administración concesionada.
El marco regulatorio derivado de la Ley Bases habilita este tipo de financiamiento privado. El esquema establece que la empresa financista obtiene prioridad sobre la capacidad incremental, asegurando el suministro para el depósito Josemaría, cuya demanda escalará hasta los 700 megavatios.
La resolución oficial resuelve un cuello de botella histórico que arrastra la Argentina desde hace décadas. La falta de inversión estatal en redes de transporte eléctrico frenó proyectos industriales, convirtiéndose en un obstáculo severo para la expansión de la minería a gran escala.
Fuentes gubernamentales destacaron que el megaproyecto posicionará al país como un jugador global del cobre. Se proyecta un impacto positivo en la balanza comercial de 3.270 millones de dólares anuales, consolidando el rumbo económico abierto por el Poder Ejecutivo.
Pese al fallo favorable, la empresa mantendrá mesas de diálogo con las autoridades de San Juan. El objetivo es acordar esquemas de compensación por la infraestructura preexistente, garantizando una convivencia armónica con las comunidades locales y los actores productivos provinciales.
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