Para no ser sancionados, los electores que no concurran deberán justificar que esaban más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”.
Para no ser sancionados, los electores que no concurran deberán justificar que esaban más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”.
Este domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones legislativas provinciales, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio.
Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto es calificado como “menos que un caramelo”.
El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral.
La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”. Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.
En los comicios de este domingo, los bonaerenses elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, se definirán concejales y consejeros escolares en los distritos.
El Ministerio de Gobierno bonaerense aclaró que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en estos comicios provinciales no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP).
La votación se realizará mediante el sistema tradicional de “boletas partidarias”, que según la cartera “conserva plena vigencia” y es valorado por el electorado. La veda electoral rige desde este viernes a las 8:00.
Lo hizo a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía, en la cual también solicitó “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”.
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