El Supremo Tribunal Federal suma dos votos que respaldan la condena del expresidente Jair Bolsonaro por participar en un plan para impedir la asunción de Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
El Supremo Tribunal Federal suma dos votos que respaldan la condena del expresidente Jair Bolsonaro por participar en un plan para impedir la asunción de Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil comenzó a deliberar este martes sobre la posible condena del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar un plan para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, tras su derrota electoral en 2022. Con dos votos ya a favor de la condena por parte de los magistrados Alexandre de Moraes y Flávio Dino, Bolsonaro se acerca a una sentencia que podría implicar hasta 43 años de prisión, aunque hace falta un voto más para definir el veredicto final.
El juez relator del caso, Alexandre de Moraes, fue el primero en votar y calificó a Bolsonaro como líder de una “organización criminal” que intentó “abolir violentamente el Estado democrático de derecho”. Moraes describió una conspiración que comenzó a gestarse en 2021 y que alcanzó su punto culminante en el asalto a las sedes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en Brasilia, el 8 de enero de 2023, una semana después de la asunción de Lula da Silva.
Su colega Flávio Dino, exministro de Justicia durante el gobierno de Lula, respaldó el voto y afirmó que Bolsonaro fue la “figura dominante” de esta organización criminal, con “dominio sobre todos los hechos”. Los otros siete coacusados, entre ellos altos mandos militares y exministros, tendrían penas menores por su participación secundaria.
Bolsonaro enfrenta cargos por cinco delitos: intento de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, pertenencia a organización criminal armada, daños a bienes públicos y deterioro de patrimonio protegido. La Fiscalía General sostiene que el expresidente coordinó acciones para subvertir el resultado electoral, incluyendo campamentos frente a cuarteles, presiones sobre las Fuerzas Armadas y conspiraciones para actos violentos.
El acusado ha declarado su inocencia y sostiene que siempre actuó dentro del marco constitucional. Sus defensores argumentan que no hubo apoyo militar suficiente para consumar el golpe y que el proceso tiene sesgos políticos. Sin embargo, la Corte ha rechazado las alegaciones de parcialidad, subrayando que los hechos muestran un intento serio de socavar la democracia brasileña.
El proceso ha atraído gran atención mediática y social, considerada como un juicio histórico que definirá un precedente sobre el respeto al orden democrático en Brasil. El fallo final, esperado para los próximos días, marcará un momento clave para la justicia brasileña y el futuro político del país.
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