La mujer está acusada por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.
La mujer está acusada por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.
Una empleada del Banco Nación en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, fue procesada por retirar casi $1 millón de cuentas de clientes entre diciembre de 2021 y mayo de 2022.
El Juzgado Federal de Caleta Olivia procesó a una empleada del Banco Nación por haber realizado diversas extracciones en las cuentas de cajas de ahorro de siete clientes que habría causado un perjuicio económico de $948.600.
En el caso, interviene el fiscal federal de la Sede Fiscal Descentralizada Caleta Olivia, Lucas Colla.
Conforme al comunicado del Ministerio Público Fiscal, la mujer fue procesada por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público, mientras que, además, se le fijó un embargo de $5 millones.
El caso comenzó con la denuncia que hizo la entidad bancaria donde relataron que recibieron un “alerta por actitudes y accionar sospechoso” de una de sus empleadas.
Tras las primeras diligencias se pudo constatar que había realizado extracciones en cuentas de cajas de ahorro de clientes “sin la autorización de los titulares de las mismas” y en beneficio propio.
Tras el análisis de los videos presentados que daban cuenta de los movimientos, el fiscal y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitaron en marzo de 2024 el llamado a indagatoria para la empleada.
La defensa de la imputada presentó un acta de acuerdo de conciliación celebrado con el banco donde se ofrecía una reparación de $3 millones.
El juzgado homologó el acuerdo, por lo que el MPF apeló y, en su recurso, se consideró que la decisión.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia consideró que las razones de política criminal que esgrimió el fiscal para rechazar el acuerdo estuvieron correctamente fundadas. Por ello, los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez revocaron la decisión que había homologado la propuesta de la defensa.
Tras esta determinación, el juzgado federal avanzó en resolver la situación procesal de la mujer. Allí, repasó los videos que aportó la entidad bancaria y los movimientos considerados “llamativos” en la denuncia, donde se observaban los retiros del dinero y como los colocaba luego en su cuaderno o billetera.
“Las maniobras reprochadas a la causante, han tenido su origen en un beneficio económico para la propia imputada y realizadas en perjuicio de clientes con los cuales no mantenía ningún tipo de vínculo como así también de la institución bancaria”, sostuvo el juez federal Claudio Vázquez.
Consideró entonces que quedó demostrado que la empleada se aprovechó de su posición y de la relación de confianza que la unía con sus compañeros de trabajo. El objetivo fue “procurarse las autorizaciones necesarias que el sistema operativo habilitado por dicha entidad financiera exige para efectuar las transacciones ilegales”.
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