La investigación sobre un entramado de sobornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad implica al ex titular Diego Spagnuolo y a funcionarios vinculados al gobierno de Javier Milei. La justicia permitirá el acceso al expediente tras el levantamiento del secreto de sumario.
A casi un mes de la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que hablaba de un circuitos ilícitos de coimas provenientes del Ejecutivo nacional en la compra de medicamentos, la causa judicial avanza con importantes movimientos.
Fuentes judiciales confirmaron a Perfil que este jueves 18 de septiembre se levantará el secreto de sumario, lo que permitirá a las partes y querellantes acceder al expediente completo. Los audios difundidos en agosto por el canal Carnaval y el sitio Data Clave expusieron supuestas maniobras de sobreprecios y pagos ilegales que incluyen a la droguería Suizo Argentina, vinculada a la familia Kovalivker, y mencionan a figuras como Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, y Eduardo “Lule” Menem.
La causa está radicada en el Juzgado Federal N° 11, a cargo del juez Sebastián Casanello, y la investigación fue delegada al fiscal Franco Picardi. Hasta ahora, Spagnuolo se ha presentado con dos abogados que recientemente renunciaron alegando “motivos personales”, complicando su defensa.
Durante los allanamientos realizados, se hallaron 80.000 dólares y 2.000 euros en una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo, dinero que no habría sido declarado, situación que acrecienta la sospecha sobre visión patrimonial ilícita.
Asimismo, declararon ante la justicia el consultor Fernando Cerimedo y otros testigos que confirmaron la existencia de una red de coimas y el manejo irresponsable de fondos públicos en la ANDIS.
El avance de la investigación, la apertura del expediente y la participación de la ONG Poder Ciudadano como querellante indican que el proceso judicial podría acelerarse en los próximos meses, en un contexto de alta sensibilidad política debido a las conexiones del caso con el gobierno nacional.
Ante la consulta, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que el contenido de los audios es “falso de punta a punta”, pero reconoció que será la Justicia la que determine la veracidad y la procedencia de las pruebas, en un proceso judicial que sigue su curso en tribunales federales.
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