Gabriela Nahir Fernández, trasladada al pabellón femenino tras cambio de género, enfrenta juicio por abuso sexual a siete detenidas en la cárcel de Bouwer, con agravante por contagio de sífilis.
Gabriela Nahir Fernández, trasladada al pabellón femenino tras cambio de género, enfrenta juicio por abuso sexual a siete detenidas en la cárcel de Bouwer, con agravante por contagio de sífilis.
Gabriela Nahir Fernández ingresó al sistema penitenciario en octubre de 2016 con el nombre Gabriel Fernández y estuvo inicialmente alojada en un penal masculino de Córdoba. En 2017 recibió una condena de tres años por lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad. Un año después, en 2018, manifestó ante la justicia su autopercibida identidad femenina, solicitando la modificación de su género legal y el traslado al pabellón femenino del penal de Bouwer, lo que fue concedido oficialmente.
Según la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba, a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández será juzgada como “probable autora” de delitos que incluyen abuso sexual simple reiterado en dos hechos, abuso sexual gravemente ultrajante continuado contra siete compañeras de prisión, agravado por el conocimiento de ser portadora de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual.
En un episodio, también es considerada coautora de abuso sexual con acceso carnal mediante la introducción de objetos, junto a otras dos presas. La imputación de uso de arma en grado de tentativa también forma parte de la acusación en uno de los hechos.
Fuentes judiciales detallan que la contextura física de Fernández le otorga una posición dominante dentro del pabellón femenino, situación que habría facilitado la comisión de los abusos, según denuncias y testimonios internos. En 2018, previo a su traslado a la cárcel femenina, Fernández había sido denunciada por violencia de género en un ámbito externo.
El caso ha generado cuestionamientos en torno a las políticas penitenciarias sobre traslado de personas transgénero a cárceles acordes a su identidad de género. Autoridades nacionales y provinciales evalúan protocolos para evitar conflictos y preservar la seguridad de las detenidas. Actualmente, Fernández se encuentra en régimen de aislamiento dentro del penal.
Este caso plantea interrogantes profundos sobre la gestión penitenciaria, la garantía de derechos para personas trans y la seguridad dentro de los centros de detención. Mientras el proceso judicial se avanza, las autoridades analizan ajustes en las normativas que equilibren protección y derechos individuales sin comprometer la integridad de todas las internas.
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