El oficialismo ratificó que no realizará modificaciones al capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que remueve topes a la adquisición de campos a extranjeros. Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger encabezan las negociaciones para la votación del 6 de agosto.
El oficialismo ratificó que no realizará modificaciones al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso. La iniciativa busca eliminar de manera definitiva los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una medida impulsada directamente por el Poder Ejecutivo.
📌 Ejes clave del proyecto en el Senado:
Fecha decisiva: La Libertad Avanza pretende tratar la iniciativa en el recinto el próximo 6 de agosto.
Superficie afectada: Existen 13 millones de hectáreas registradas en manos extranjeras en todo el país.
Departamentos críticos: Hay 36 jurisdicciones que ya superan el tope legal del 15% fijado en 2011.
La jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y el ministro Federico Sturzenegger mantuvieron reuniones clave para unificar criterios. Ambos dirigentes confirmaron que el capítulo no sufrirá cambios, al considerarlo como el núcleo esencial de la reforma económica.
El debate genera fuertes resistencias debido a la concentración de inmuebles en áreas estratégicas del territorio nacional. Un informe del Observatorio de Tierras de la UBA reveló la existencia de 13 millones de hectáreas foráneas, concentradas mayoritariamente en provincias con recursos naturales abundantes.
En localidades patagónicas como el departamento de Lácar, en la provincia de Neuquén, el 54% de la superficie total pertenece a titulares extranjeros. Pablo Volkind, especialista del Observatorio, advirtió que la norma busca liberar zonas donde los límites legales vigentes impiden realizar nuevas operaciones inmobiliarias.
Asimismo, los técnicos advirtieron sobre la existencia de un atraso significativo en las bases de datos oficiales. El Registro Nacional de Tierras Rurales carece de actualizaciones periódicas desde el año 2017, excluyendo contrataciones mediante esquemas de arrendamiento o concesiones mineras.
Frente a este escenario, los bloques dialoguistas expresan severas dudas respecto del impacto político en sus distritos. Diversos gobernadores temen que la desregulación total afecte reservas de biodiversidad o cuencas hídricas fundamentales para el desarrollo productivo local.
Un ejemplo paradigmático de las tensiones internas ocurre en la provincia de Misiones. Mientras el gobernador Hugo Passalacqua rechaza la venta de terrenos fronterizos, su aliado Carlos Rovira impulsa el respaldo al Gobierno, dividiendo la postura de sus representantes en el recinto.
Para destrabar el estancamiento legislativo, el oficialismo analiza conceder cierta autonomía regulatoria a las provincias. Esta alternativa permitiría a los gobiernos subnacionales fijar pautas locales, intentando convencer a los senadores que responden directamente a los mandatarios provinciales.
A pesar de las conversaciones informales concretadas durante el receso parlamentario, los votos necesarios para obtener la sanción parlamentaria continúan siendo ajustados. El bloque libertario necesita garantizar una asistencia perfecta y sumar voluntades aliadas de manera urgente.
El desenlace del proyecto dependerá de los acuerdos de último momento que logre cerrar la Casa Rosada. La sesión programada para el 6 de agosto definirá si el Gobierno logra imponer su visión de mercado o si se ve obligado a ceder ante los planteos provinciales.
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