El reporte anual 2024 muestra que, a casi dos años del cambio de gestión, el acceso al aborto legal sigue siendo heterogéneo a nivel provincial. Mientras el gobierno nacional mantiene una postura crítica y derechos enfrentan recortes, las provincias y equipos de salud sostienen la aplicación de la ley con esfuerzos diversos.
El “Reporte anual 2024: LA LEY A TODA COSTA” presentado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) ofrece un balance detallado del acceso al aborto en Argentina durante el primer año completo bajo la gestión de Javier Milei. El informe combina datos cuantitativos y cualitativos sobre la implementación de la Ley 27.610 y la situación de la salud sexual y reproductiva hasta mediados de 2025.
La administración nacional ha mantenido una postura crítica hacia la interrupción voluntaria del embarazo, reflejada en la suspensión de la compra de medicamentos esenciales como misoprostol y mifepristona, que han generado tensiones con las jurisdicciones provinciales. El cierre del Plan ENIA y los recortes presupuestarios en salud sexual son parte de un escenario de zozobra y fragilidad para las políticas de género y derechos reproductivos.
Sin embargo, el reporte destaca un compromiso significativo de las provincias, que en conjunto han sostenido la política en sus territorios. Cuatro provincias han actualizado los vademécums obstétricos para habilitar a profesionales de la obstetricia a prescribir medicamentos para el aborto seguro. Además, un grupo importante de las provincias ha implementado canales accesibles para facilitar el acceso a la interrupción legal del embarazo.
La Encuesta MACA, que mide la calidad y acceso a los servicios de aborto, revela que el 80% de las usuarias accedieron al procedimiento dentro del plazo legal de 10 días, pero alerta que cerca de la mitad debió afrontar costos asociados pese a la garantía de gratuidad. También se verificó un alto nivel de satisfacción con el trato y confidencialidad recibidos, aunque persisten diferencias regionales y demográficas.
En cuanto a la regulación, el informe destaca la presencia de proyectos legislativos tanto para ampliar derechos como para introducir restricciones indirectas que podrían afectar la ley vigente. Este escenario se enmarca en una controversial dinámica política donde la judicialización sigue siendo un campo de disputa, con la mayoría de las causas judiciales rechazando los intentos de retroceso en los derechos conquistados.
El reporte concluye que, a pesar de la postura y políticas restrictivas nacionales, el esfuerzo federal y provincial ha impedido una ruptura del acceso legal al aborto, reforzando la importancia de continuar con esfuerzos coordinados y mejorar la sostenibilidad y equidad de la política en el mediano plazo.
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