El Gobierno autorizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica (NASA) para vender el 44% de sus acciones. La medida busca eficiencia y enfrenta al kirchnerismo, que presentó un proyecto para blindar el desarrollo nuclear argentino en el Senado.
El Gobierno autorizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica (NASA) para vender el 44% de sus acciones. La medida busca eficiencia y enfrenta al kirchnerismo, que presentó un proyecto para blindar el desarrollo nuclear argentino en el Senado.
El gobierno de Javier Milei ha oficializado el proceso para la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). La medida, que fue formalizada mediante el Decreto 695/2025 con las firmas del presidente y del ministro de Economía, Luis Caputo, autoriza la venta del 44% del capital accionario de la empresa a inversores privados, mientras el 51% restante se mantendrá bajo control estatal. Este anuncio llega en un contexto de fuerte disputa con el kirchnerismo, que ha respondido con un proyecto de ley en el Senado para blindar el programa nuclear argentino.
El Ejecutivo estableció que la transferencia se realizará mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. Además, se organizará un “programa de propiedad participada” para distribuir el 5% restante del capital accionario entre los trabajadores de la empresa. La administración Milei argumentó que la intervención estatal en actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado “no ha dado los resultados esperados” y que la privatización parcial es el “medio más idóneo” para garantizar la continuidad de las operaciones de manera “eficiente y competitiva”.
El documento oficial del Ministerio de Economía sostiene que el objetivo principal de la medida es “nivelar las reglas de juego respecto a la actividad de generación proveniente de otras fuentes” y reducir el “sobredimensionamiento estatal” para mantener el equilibrio de las cuentas públicas. El gobierno recordó que, durante 2023, la empresa recibió transferencias de capital no reintegrables por un valor de $700 millones de pesos.
A pesar de que NASA, que opera las tres centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse), ha sido una de las pocas empresas estatales superavitarias en el primer trimestre de 2025, la administración Milei cuestiona su estructura de costos y la cantidad de empleados en su sede central. La empresa, que es una de las que quedó incluida en la Ley Bases como “sujeta a privatización”, tiene una potencia instalada de 1.763 MW y aporta aproximadamente el 7% de la energía eléctrica consumida en el país.
En una clara oposición a la medida, el kirchnerismo presentó un proyecto de ley en el Senado para frenar la venta de la empresa. El texto, impulsado por el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, y otros 24 legisladores, declara “de interés público y estratégico no enajenable el desarrollo nuclear argentino” y busca exceptuar a Nucleoeléctrica Argentina de los alcances de la Ley Bases. El proyecto también plantea dejar sin efecto “todo proceso administrativo iniciado” con el objeto de modificar la composición accionaria o transformar la naturaleza jurídica de NASA. La confrontación por la privatización de Nucleoeléctrica se traslada ahora al Congreso, donde el gobierno deberá defender su decreto ante una oposición que se ha mostrado unida en la defensa de los activos estratégicos del Estado.
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