Se detectaron diversos indicadores de vulnerabilidad social en las víctimas, quienes eran sometidos a extensas jornadas laborales y vivían en condiciones de extrema precariedad sanitaria.
Se detectaron diversos indicadores de vulnerabilidad social en las víctimas, quienes eran sometidos a extensas jornadas laborales y vivían en condiciones de extrema precariedad sanitaria.

Un joven de 25 años, responsable de un establecimiento rural de cultivo de frutillas, fue detenido con prisión preventiva por 150 días, por explotación laboral y reducción a la servidumbre en condiciones de hacinamiento a 45 personas, entre ellos dos menores de edad.
Según la información suministrada por el portal Fiscales.gob y de acuerdo a lo constatado por la fiscalía, se detectaron diversos indicadores de vulnerabilidad social en las víctimas, la mayoría migrantes de la provincia de Chaco, quienes eran sometidos a extensas jornadas laborales que comenzaban de madrugada.
Algunas de las personas vivían en galpones de chapa con piso de tierra, dormían en camas hechas de cajones, no tenían acceso al agua potable ni a sanitarios, y les daban linternas para trabajar por la noche.
El acusado, identificado como F.P., dirigía las tareas en el predio emplazado a la altura del kilómetro 17,5 de la ruta provincial N°1, en la localidad de Arroyo Leyes, ubicada a 23 kilómetros de la capital santafesina.
El cargo que se le imputa es el delito de trata de personas con la finalidad de reducción a la servidumbre, agravado por tratarse de más de tres víctimas, abuso de su situación de vulnerabilidad y la consumición de dicho aprovechamiento.
Asimismo, en dos casos se le sumó el agravante por tratarse de menores de edad.
La causa está encabezada por el fiscal federal Walter Rodríguez, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe ,y la fiscal coadyuvante Milagros Traverso que llevaron adelante una audiencia de formalización de la investigación penal realizada 4 de octubre pasado ante el juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz.
El magistrado, por pedido de los fiscales, autorizó la extracción de datos de siete teléfonos celulares incautados en el marco de la pesquisa, de una computadora, de un DVR y el secuestro preventivo de una camioneta Volkswagen Amarok.
Además dictó la incompetencia parcial de las actuaciones respecto al hallazgo de 12 armas de fuego de distintos calibres, 250 municiones, y 21 gramos de marihuana encontrados en poder del imputado, respecto de las cuales ordenó otorgar intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Portugal reconsiderar los recortes a la legislación de identidad de género, alertando que la iniciativa reintroduce la patologización médica sobre la población trans.
Un estudio histopatológico determinó que Ángela Álvarez sufrió una muerte violenta por sofocación. Cuatro hombres quedaron imputados por robo seguido de muerte.
Durante la grabación del programa de Mario Pergolini en eltrece, Eugenia Suárez habría destruido un retrato de Martín Cirio ubicado en su camarín, según reveló Marina Calabró tras detallar viejos enfrentamientos entre ambas figuras.
Antes de su remate el 9 de diciembre en Nueva York, el vestido de seda que Diana de Gales inmortalizó en 1994 será exhibido globalmente por Sotheby’s, con una estimación de hasta 300 mil dólares.
En un reconocimiento inédito para el automovilismo nacional, la Legislatura porteña declaró de Interés Deportivo al TC2000. La iniciativa destaca más de cuatro décadas de trayectoria e innovación tecnológica vinculadas a las calles y autódromos de la Ciudad.
Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba en La Bombonera con una alineación alternativa, impulsado por dos goles de Ángel Romero y el estreno goleador de Enner Valencia, a días del cruce decisivo por Copa Sudamericana.
La Justicia de San Juan abrió una investigación de oficio tras el hallazgo de un escrito en un sanitario de la Escuela Carlos María de Alvear, en Rawson. La inscripción, borrada poco después por directivas educativas, alertaba sobre un presunto abuso intrafamiliar.
Diputados británicos votaron contra el proyecto de ley para autorizar la muerte asistida en pacientes terminales, frenando un histórico cambio legislativo tras un tenso debate centrado en las garantías médicas y los cuidados paliativos.