Megaoperativo en Penha y Alemão dejó al menos 132 muertos; el presidente Lula y autoridades debatieron coordinación y medidas para combatir el crimen organizado.
Megaoperativo en Penha y Alemão dejó al menos 132 muertos; el presidente Lula y autoridades debatieron coordinación y medidas para combatir el crimen organizado.
La megaintervención policial ocurrida el martes en los complejos de Penha y Alemão, Río de Janeiro, resultó en más de 120 fallecidos, en un operativo destinado a atacar la facción criminal conocida como Comando Vermelho (CV).
El operativo, considerado el más violento del estado, motivó pronunciamientos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del gobernador estadual Cláudio Castro.
El presidente Lula publicó en sus redes sociales que “no podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia”.
El mandatario destacó la necesidad de un trabajo coordinado entre fuerzas policiales y entre estados y gobierno federal para atacar el “núcleo financiero” y la “columna vertebral del narcotráfico” sin poner en riesgo a inocentes.
Lula mencionó también la Operación Hidden Carbon, realizada en agosto, que describió como “la mayor operación contra el crimen organizado en la historia del país”, la cual logró desmantelar estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, adulteración de combustible y lavado de dinero.
El presidente reafirmó la urgencia de la aprobación de la Enmienda Constitucional de Seguridad, actualmente estancada en el Congreso desde abril, para garantizar la actuación conjunta de todas las fuerzas policiales frente a las facciones.
Por su parte, el gobernador Cláudio Castro y el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, anunciaron la creación de una Oficina de Emergencia para Combatir el Crimen Organizado.
La dirección estará a cargo del secretario de Seguridad de Río, Víctor Santos. El objetivo es acelerar decisiones contra la violencia sin generar burocracia.
Lewandowski descartó la necesidad de solicitar la Garantía de Ley y Orden (GLO) para el actual escenario, aclarando que esa medida extraordinaria depende de solicitud estatal y resaltando las diferencias con crisis anteriores.
En cuanto a la terminología, el ministro cuestionó la calificación del Comando Vermelho como organización “narcoterrorista” que utilizan funcionarios estatales, argumentando que el terrorismo conlleva un componente ideológico, a diferencia de las facciones criminales que cometen delitos según el código penal.
En otro punto, el gobernador Castro señaló que sus declaraciones sobre la falta de vehículos blindados de la Armada fueron malinterpretadas y rechazó que se politice la cuestión, al tiempo que elogió la cooperación con la Policía Federal.
Finalmente, la dirección de la Policía Federal informó que la operación en Río no fue coordinada ni considerada adecuada para su modus operandi, aunque hubo contacto a nivel operativo con la Superintendencia en Río durante los preparativos del operativo.
La violencia extrema en Río de Janeiro revela la complejidad de enfrentar al crimen organizado cuando la coordinación entre fuerzas y niveles de gobierno es deficiente o disputada.
La discusión sobre la Enmienda de Seguridad y el uso de recursos federales anticipa un debate clave para definir qué herramientas legales y operativas son necesarias para asegurar la protección integral de las comunidades afectadas.
Este caso pone en cuestión cómo lograr el equilibrio entre eficacia policial y respeto hacia derechos civiles sin caer en medidas autoritarias o fragmentadas.
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