El gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con México este lunes tras otorgar asilo político a Betssy Chávez, exministra de Trabajo y prófuga por presunta corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo.
El gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con México este lunes tras otorgar asilo político a Betssy Chávez, exministra de Trabajo y prófuga por presunta corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo.
La decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, que acusó a México de intervenir en asuntos internos y de brindar protección a una persona con órdenes de detención judicial en Perú.
Esta medida representa un quiebre significativo en el vínculo bilateral, marcado recientemente por tensiones políticas y acusaciones cruzadas.
El canciller peruano, Alvaro Mejía, afirmó que el asilo otorgado a Chávez “viola el respeto a la soberanía nacional” y que la permanencia de la exfuncionaria en México impide el normal desarrollo de la cooperación bilateral.
Por su parte, fuentes oficiales mexicanas defendieron el derecho a conceder asilo conforme a estándares internacionales de protección de derechos humanos, resaltando la independencia de su sistema judicial y político.
Las repercusiones de esta ruptura serán inmediatas en aspectos migratorios, comerciales y diplomáticos.
Según el comunicado peruano, se suspenden misiones diplomáticas y consulados entre ambos países, con impacto directo en ciudadanos peruanos y mexicanos que residen o transitan en cada nación.
Consultados al respecto, expertos en relaciones internacionales señalan que la medida genera un caso de confrontación inédito en la región, con riesgos de escalada y efectos en organismos multilaterales.
Este episodio se inscribe en un contexto político complejo en Perú, marcado por denuncias de corrupción en varios niveles del gobierno y una polarización que ha afectado la estabilidad institucional desde la salida anticipada de Pedro Castillo.
Betssy Chávez, figura cercana al expresidente, enfrenta cargos penales que aún están bajo proceso de investigación y se mantiene en calidad de prófuga.
Más allá de las tensiones políticas, la decisión peruana abre un debate sobre los límites del asilo político y las consecuencias diplomáticas de su uso en disputas internas.
Mientras tanto, analistas recomiendan cautela y diálogo para evitar que esta crisis afecte el comercio, la cooperación regional y el bienestar de los ciudadanos en ambos países.
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