El gobernador Claudio Vidal (Santa Cruz) desdobló el pago de salarios estatales por una crisis de liquidez. El déficit se debe a la caída de regalías petroleras y transferencias nacionales. El municipio de Río Gallegos también declaró la emergencia económica.
El gobierno de Santa Cruz, bajo la administración de Claudio Vidal, ha entrado en una crisis financiera que lo ha obligado a anunciar el pago desdoblado de los sueldos de los trabajadores estatales. La decisión, que implica un retraso considerable en las fechas habituales de liquidación de haberes y genera malestar en los gremios, subraya el delicado cuadro fiscal que enfrenta el líder petrolero.
El Ministerio de Economía provincial comunicó que los haberes se abonarían en dos tramos: el personal de los distintos sectores cobraría el martes 4 de noviembre, mientras que los cargos superiores recibirían sus pagos recién el lunes 10.
La administración provincial reconoció que los recursos disponibles “no alcanzan para cubrir en tiempo y forma las obligaciones salariales”. Esta situación crítica es resultado de la combinación de factores macroeconómicos y la estrategia de ajuste federal:
Regalías a la baja: Santa Cruz sufrió una merma de casi el 30% en las regalías petroleras entre enero y septiembre.
Ajuste nacional: la caída de las transferencias automáticas desde la Nación, sumada a una inflación elevada y la retracción de la actividad hidrocarburífera, arrinconan las finanzas provinciales.
El gobernador Claudio Vidal, quien preside el estado, enfrenta un escenario complejo. A pesar de que su gestión ha mantenido las paritarias “por encima de la inflación”, la macroeconomía se impone. Vidal afirmó que “la macroeconomía no la puede corregir un gobierno provincial” y que, en el pasado, “los gobiernos anteriores levantaban el teléfono y un día antes de la liquidación de haberes les transferían fondos millonarios para cubrir salarios”.
La asfixia económica de la provincia alcanzó también a la capital. El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, firmó el Decreto N° 6861 que declara la emergencia administrativa y económica hasta fines de 2026. Esta medida implica el congelamiento de la planta de personal y la suspensión de nuevos ingresos, con el objetivo de reducir gastos.
Ajuste de personal: la decisión del Concejo Deliberante, que validó el ajuste, se tradujo en el cese de funciones de 38 nombramientos políticos en los últimos días. La presidenta del Concejo, Soledad Kamu, aclaró que no se trata de despidos de trabajadores de planta ni de una reducción salarial, sino de una baja en los “cargos de conducción”.
Desfase fiscal: el municipio enfrenta una caída del 10,4% en sus ingresos nacionales y provinciales, mientras que los acuerdos salariales alcanzaron el 29,4%.
La crisis se produce en un momento de debilidad política para el gobernador Vidal. Su fuerza quedó relegada al tercer lugar en las elecciones legislativas de octubre. El mandatario, alineado en Provincias Unidas (PU), aún no ha sido convocado a una reunión con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, y su único “salvavidas” político es su cercanía a Karina Milei.
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